VEINTITRES
Por Ernesto Tenembaum
Las vueltas de la calesita
Quizá sea ampuloso denominarlo de esta manera, pero no se me ocurre otra: uno de los momentos fundacionales del periodismo moderno en la Argentina se produjo en enero de 1990 y quedó registrado para siempre con el nombre de “Swiftgate”. Su autor fue el periodista Horacio Verbitsky, quien publicó, por cinco días consecutivos, en la tapa de Página 12, una historia fascinante y exclusiva: la embajada norteamericana se había quejado ante el gobierno argentino, en una nota formal, por el pedido de coimas a la empresa norteamericana Swift, a cambio de que se le permitiera la importación de bienes de capital. El impacto de esa primicia fue tal que obligó a los grandes diarios a sumarse a la cobertura y al entonces presidente Carlos Menem a reformar su gabinete (curiosamente, entre esas reformas se produjo el arribo de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y el comienzo de una nueva era en la historia económica argentina). La primera respuesta del gobierno menemista ante la difusión de los hechos fue de manual: Menem tuvo un arrebato antinorteamericano, tal como ahora algunos funcionarios argentinos se volvieron repentinamente “antisuizos”·o algunos moyanistas sostienen que la CIA está detrás del demoníaco exhorto judicial con pedido de investigación sobre los bienes de la familia Moyano. “El diabético Menem, que duerme poco y se levanta temprano, recomendó al Departamento de Estado, en un agrio reportaje radial a primera hora del viernes 11, que no se preocupara tanto por lo que pase en la Argentina, ya que en los Estados Unidos también hay casos de corrupción aberrantes”, recordaría luego, el mismo periodista, en su best seller Robo para la Corona. Sicarios del poder menemista se esmeraron en calumniar a Verbitsky en los meses siguientes, en una demostración más de lo nervioso que pone al poder un ejemplar trabajo de investigación y en otro anticipo de lo que vendría años más tarde.
La semana pasada, el ahora kirchnerista Ramón Saadi, en medio de los festejos por el triunfo kirchnerista en Catamarca, calificó a la cobertura que los medios nacionales privados hicieron sobre el caso María Soledad como “la primera acción mediática que se llevó a cabo en la República Argentina y bueno, después ya veo que sucedieron una cantidad de ellas, en donde primero acusas e imputas y después te das cuenta de que las cosas no son así”. Saadi fue impreciso. Semejante calificación y honor le caben mucho más a la investigación del pedido de coimas a Swift. Su impacto fue mucho mayor no sólo en el escenario nacional sino en la formación de muchos periodistas, entre ellos el que firma esta nota. El Swiftgate abrió la caja de Pandora, expandió los límites de lo que los periodistas principiantes pensábamos que se podía hacer con nuestra profesión. A partir de allí el periodismo de investigación se transformó en un rubro muy cultivado en toda la prensa gráfica, reproducido en la radial y, más tarde, sobre todo a partir de Día D, llegaría a la televisión.
Desde entonces, y en estos últimos años, particularmente, muchos sectores de poder han querido volver a cerrar la caja de Pandora que se abrió en 1990, poniendo en tela de juicio todo lo que publica la prensa privada, y especialmente cuando esta afecta al poder político o sindical. Esta semana que pasó tuvimos un ejemplo extremo de eso. Las reacciones que se produjeron luego de la difusión del exhorto de la Justicia suiza deben ser registradas como corresponde porque con el tiempo, fuera de los sesgados debates de la coyuntura, se tendrá real noción del disparate.
Los nervios que la aparición del exhorto generaron en el titular de la CGT, Hugo Moyano, se pusieron de manifiesto en la conferencia de prensa que dio su vocero, Raúl Altamirano, el jueves por la tarde. Altamirano desplegó, en su furia, un ataque homofóbico contra el conductor radial Oscar González Oro, al que calificó como “esta periodista”, y luego amenazó a diarios y periodistas. “A partir de ahora, ante cada denuncia que hagan, vamos a ir 1.000, 10.000 o 20.000 trabajadores a pedirles a los periodistas que nos muestren de dónde sacan lo que publican. Y vamos a exigir que cuando se equivoquen, se publique al día siguiente, en la misma página, una desmentida por el error.” Muchas personas que nunca hubieran tolerado que un funcionario de Mauricio Macri, o un aliado de Eduardo Duhalde, pronunciaran semejantes barbaridades, en este caso callaron. El Inadi, en fin, demostró una vez más que su objetivo es sólo denunciar la discriminación que no produce el oficialismo. Es que hay homofóbicos buenos –los nuestros– y malos, gente que aprieta periodistas en nombre del bien, y quienes lo hacen en nombre del mal.
Pero ese no fue el fondo de la cuestión.
La conferencia de prensa de Moyano fue muy esclarecedora porque el poderoso jefe de la CGT se quejó por el supuesto maltrato que recibe de la prensa. Como cualquiera que, a diversos niveles, es objeto de cobertura periodística, Moyano tiene un cúmulo de reproches, uno de los cuales es legítimo: el jefe de la CGT se quejó porque algunos medios difundieron, sin ninguna prueba, que su hijo Pablo podría estar implicado en la muerte de su nuera. Esa información, que no fue amplificada por los medios más influyentes, merece la objeción formulada. En otras palabras, Moyano –como cualquier ser humano– tiene derecho a ofenderse, a exponer y a demandar al medio que publicó la especie.
Pero hubo otras tres quejas que profirió, a los gritos, el jefe de la CGT. La primera estaba vinculada a una vieja herida: el asesinato de Abel Beroiz, el ex tesorero del sindicato de Camioneros. En los meses siguientes a ese crimen, los medios más importantes indagaron si Moyano estaba o no implicado en él. Moyano incluso se enojó muchísimo con una caricatura de Hermenegildo Sábat –el dibujante que ha irritado siempre a los gobiernos, de la dictadura para acá– que lo mostraba con las manos manchadas de sangre. ¿Había razones para que los medios husmearan sobre el asunto? Eso hubiera sucedido en cualquier país democrático. El asesinato de Beroiz se había producido apenas meses después de que un pistolero del gremio llamado Madona Quiroz disparara contra una multitud en la localidad de San Vicente. La Justicia santafecina dictaminó que Beroiz había sido asesinado como parte de una disputa interna del gremio de camioneros. La primera reacción de Moyano fue atribuir el crimen a la delincuencia común. Ante semejante cúmulo de hechos, sólo queda discutir si hubo algunas páginas de más o de menos, pero la noticia era escalofriante y la prensa, como en toda sociedad democrática, cumplía su rol al investigar cuánto tenía que ver Moyano. Como las pistas no llegaron hacia él, el tema lentamente se fue apagando. Aunque para cualquier observador neutral queda claro que, al menos en el caso Beroiz, algunos colaboradores del líder camionero disputaron poder y dinero por métodos ciertamente heterodoxos, que incluían el asesinato.
Moyano también se quejó por la cobertura mediática de la supuesta corrupción existente en las obras sociales sindicales. Otra vez: es un tema que merecería un amplio despliegue periodístico en cualquier país democrático. Hay un sindicalista de primera línea detenido, un proveedor de la obra social de Camioneros procesado, un prominente ex funcionario en la misma situación, una ex ministra de este gobierno es la principal denunciante, dos causas abiertas en las que se investiga a las organizaciones de Hugo Moyano directamente. ¿Qué es lo que quieren los sindicalistas, funcionarios y periodistas que hablan de hostigamiento mediático a Moyano? ¿Que nadie escriba ni investigue nada sobre todo esto? ¿Escuchan lo que están diciendo?
El tercer reclamo de Moyano se refiere a la cobertura del exhorto en el que la Justicia suiza pide la investigación de los bienes de su familia. Es un exhorto que la Cancillería argentina no rechazó, y aunque así hubiera sido, es un documento relevante que existe y que da cuenta de un hecho que pasó desapercibido en medio de tanto dislate: en el mismo texto se informa que la Justicia helvética ya congeló, por sospechas de lavado de dinero, un depósito cercano a los dos millones de dólares, de la principal empresa recolectora de basura en los municipios que conduce el peronismo bonaerense (esto es, una decena de intendentes kirchneristas) cuyo presidente es nada menos que Hugo Moyano. ¿Qué debería hacer hecho el Centro de Informaciones de la Justicia? ¿Ocultarlo? ¿No mencionar a Moyano? ¿Y los medios? ¿Darle un recuadrito junto a las necrológicas? ¿Qué es lo que dicen los nuevos manuales de periodismo militante acerca de la necesidad de proteger a los funcionarios y sindicalistas respecto de documentos comprometedores o historias escabrosas?
Como con el intento de ocultar las cifras de inflación, la idea de cerrar la caja de Pandora que se abrió con las investigaciones periodísticas en la década del noventa es, realmente, muy ingenua y no parece precisamente condenada al éxito.
El viernes pasado, luego de la conferencia de prensa de su líder, los hombres de Moyano coreaban: “Si lo tocan a Moyano, les paramos el país”.
No se entendía a quién iba dirigida la advertencia: si a la Justicia suiza, a los medios, o al Gobierno, a la Justicia argentina, o a los propios fantasmas de Moyano.
Sea como fuere, mejor no especular al respecto.
Como dijo Sábat en 1994, cuando Rodolfo Braceli le pidió que retratara la realidad argentina en una sola imagen:
“Una calesita... yo veo una especie de calesita. A mí me atemoriza ver cómo cierta gente hace cosas que ya sabemos cómo van a terminar”.
Es, naturalmente, sólo un detalle menor.
