VEINTITRES
Por Marcelo Zlotogwiazda
La reciente decisión de disminuir el cobro del Impuesto a las Ganancias, impulsada por virtualmente toda la oposición política, los principales medios de comunicación y los grandes sindicatos, y avalada por el gobierno nacional, es un gran retroceso en la justicia distributiva”, sostiene Axel Rivas, economista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
Es notable la coincidencia con la opinión acerca de esa noticia por parte del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). Tras remarcar que “es difícil encontrar un discurso político que no coloque como tema prioritario la redistribución del ingreso”, apuntan que “resulta llamativa la disputa por apropiarse de la paternidad de una idea que implica disminuir la incidencia del impuesto más progresivo, más aún teniendo en cuenta la despreocupación por la altísima presión que sufren de manera directa los salarios más bajos”.
Y el mismo enfoque tiene Luciano Cohan, responsable del blog economistaserialcronico.blogspot.com, que la considera “una medida pro-rico en la que anualmente convergen los intereses del Gobierno, del Grupo A, de Clarín y de los sindicatos”.
Las tres observaciones tienen sólidos fundamentos. En un documento titulado “Hood Robin: Cambios en el Impuesto a las Ganancias y Educación”, Rivas afirma que la medida sólo beneficiará al 5 por ciento de los asalariados que más ganan en el país. Ejemplifica que mientras un trabajador casado que cobra 20.000 pesos brutos por mes tendrá una reducción de 452 pesos mensuales en el pago de Ganancias, un trabajador que gana menos de 6.000 pesos no se beneficiará en nada.
Según Idesa, la mejora no alcanza ni a los 6,4 millones de asalariados registrados ni a los 4 millones de asalariados no registrados que cobran menos de 5.000 pesos por mes.
En igual sentido, Cohan afina más los números. Estima que entre los que van a dejar de pagar (por pasar debajo del mínimo) y los que van a pagar menos, hay 1,2 millones de asalariados, sobre un total de 7,7 millones registrados. Pero si la proporción se establece sobre el total de asalariados, la conclusión es que el 92,3 por ciento queda excluido del beneficio.
Además, Cohan calcula que de los 3.000 millones de pesos que el fisco dejará de recaudar por el aumento del mínimo no imponible, casi la mitad (1.412 millones) quedará en el bolsillo de los 295.000 asalariados en blanco que cobran más de 12.000 pesos mensuales.
Rivas afirma que con el dinero que resigna el fisco se podrían crear salas de 4 años para los 216.000 niños más pobres que todavía no asisten a jardín de infantes, y todavía sobrarían fondos como para crear escuelas de jornada extendida (seis horas de clase en lugar de cuatro) para el 25 por ciento de los alumnos de nivel primario con mayor vulnerabilidad social.
Hasta aquí no cabe duda alguna de que la medida es regresiva en términos redistributivos. Pero la polémica se abre tan pronto se incorpora el factor inflación, y se toma en cuenta que el incremento en el mínimo no imponible, es decir en el piso a partir del cual el salario pasa a estar gravado, es un ajuste para actualizar ese parámetro y para así “evitar que las personas con salarios superiores a 6.000 pesos vean espuriamente incrementada la presión impositiva por el mero hecho de obtener un aumento salarial en compensación por la alta inflación”, tal como se reconoce en el documento de Idesa.
Si bien es indiscutible que la medida es regresiva, o, dicho de otra manera, si bien sería conveniente desde el punto de vista de la equidad que los asalariados que más ganan paguen más de Ganancias, eso debería lograrse mediante una reforma en la ley y no por el efecto de la inflación. En otras palabras, debería ser una decisión política adoptada por el Congreso, y no la consecuencia de un desfasaje provocado por el aumento de precios.
Rivas se hace cargo de la cuestión, asumiendo que la alternativa de no actualizar el mínimo no imponible era un “atajo” para lograr un resultado justo: “Al aumentar los salarios, aunque sea sólo por el efecto de la inflación, más trabajadores comenzaron a pagar Ganancias y más ejecutivos de sueldos muy altos debieron incrementar el monto que pagaban”. Ironiza con que ese efecto es una de las “pocas ventajas de tener inflación”.
Rivas reconoce que el “atajo” no es la solución ideal. Que mucho mejor sería “avanzar en reformas integrales del sistema impositivo, que amplíen el impuesto a las ganancias a muchos sectores exentos o eliminar la exención a la renta financiera”, pero argumenta que “eso requiere mucho poder político, consensos y el voto mayoritario del Congreso”, que es una situación “ideal difícil de conseguir”.
Ese es el verdadero nudo de la cuestión. El escenario político de la Argentina muestra que ni el Gobierno ni la oposición tienen la voluntad de modificar una estructura tributaria que sigue estando dominada por los impuestos regresivos. En cuanto al oficialismo, en la columna del 13 de enero pasado se mostró que la comparación de la recaudación del año 2010 con la del año 2003 revela que mientras el IVA ha mantenido su incidencia en el total, cayó la participación de Ganancias y Bienes Personales, los dos impuestos progresivos por excelencia. Y respecto de la oposición, salvo excepciones, no se la ha visto muy activa e interesada en el Congreso para cambiar el statu quo.
Un statu quo de regresividad que no se modifica ni por la vía del atajo ni por la vía directa de la decisión política.
http://www.elargentino.com/nota-134651-Ganan-los-que-mas-ganan.html
