El trabajo concluye que el índice de inflación oficial "no es fiable" y propone una reforma institucional "urgente y profunda" del organismo. Fue concluido el año pasado, pero no se difundió, y el ministro de Economía, Amado Boudou, jamás recibió a sus autores para que se lo entregaran. En cambio, aceptó que fuera enviado al FMI para que sus técnicos pudieran utilizarlo como complemento de su propio diagnóstico, según confiaron fuentes familiarizadas con las negociaciones.
Las universidades, agrupadas en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), cuestionaron el proceso de recolección, procesamiento y utilización de los datos con los que se elabora el índice de precios al consumidor (IPC), manipulado por el Gobierno, y fustigaron además ciertos usos arbitrarios o discrecionales de la metodología introducida en 2008, un año después de la intervención oficial.
Pero además, el CAES puso el énfasis en el desmantelamiento técnico del organismo estadístico, algo que caracterizó como "la pérdida de valiosos recursos humanos". En última instancia, el informe finalizado en septiembre pasado alertó sobre las irregularidades en las pruebas piloto preparatorias para el censo de población 2010, que se realizó en octubre.
Estos detalles del documento se conocen por primera vez en momentos en que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el ministro de Economía, Amado Boudou, trabajan juntamente con el Fondo Monetario Internacional en la elaboración de un índice de precios a nivel nacional. Precisamente, el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich, informó ayer a través de la agencia oficial Télam que la delegación del FMI arribará hoy a Buenos Aires y se pondrá a trabajar en el tema a partir de mañana y hasta el lunes 11 de este mes.
La delegación estará encabezada por el economista Carlos Medeiros y, según Itzcovich, aún tiene que definir si el índice será nacional o provincial, el tamaño de la muestra y la utilización de canastas estacionales, entre otros puntos.
Boudou, que había pedido por decreto la elaboración del documento de las universidades para intentar devolverle algún grado de credibilidad al Indec, recibió antes a los expertos del Fondo que a los profesores de las casas de estudio locales. El Ministerio de Economía incluso dio vía libre para que el informe académico se les enviara a los técnicos foráneos antes que al Congreso.
"La confiabilidad del IPC-GBA se ve cuestionada", señalaron las universidades de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán en el apartado del informe que indagó sobre las debilidades del índice de precios oficial."En ese sentido, no es posible considerar al IPC elaborado por el Indec como una medida fiable del nivel agregado de los precios al consumo, ni como un indicador adecuado para emplear como deflactor a efectos de estimar variables como el tipo de cambio real, o el salario real o los niveles de pobreza", sentenció el CAES.
A la hora de dar sus fundamentos, los profesores fueron contundentes. "Se menciona el reemplazo de precios de mercado de algunas variedades por la información brindada por organismos públicos, lo cual no permite captar los precios pagados por los consumidores", señalaron. Es decir que el Indec utiliza datos que no son relevados por sus encuestadores, sino que son sugeridos por el mismo Gobierno.
Además, se indicó que el Indec cambió -"sin especificar el criterio"- la muestra de locales en los que se relevan los precios. "Se encuestan menos locales" y en la supuesta ampliación de la cobertura geográfica anunciada oficialmente "sólo se verifica la incorporación del partido de Ezeiza".
Los profesores dieron cuenta también de importantes problemas de representatividad en las canastas utilizadas por el IPC oficial. "Las variedades efectivamente relevadas para el IPC-GBA base abril 2008=100 representan menos del 50% del consumo de los hogares en todos los meses", según el CAES. Es más, la cantidad de precios relevados fue disminuyendo en el tiempo y pasó de 90.000 -antes del cambio metodológico- a 30.000.
En sintonía, el CAES apuntó que "es poco precisa" la forma en la que se sustentan los criterios para incluir o excluir ciertos productos de las canastas. "Varias de las exclusiones cambian cualitativamente la canasta haciéndola menos representativa de los hogares de ingresos medios y altos", afirmaron.Por otro lado, "la mayor relevancia que cobra el Capítulo de Alimentos y Bebidas en la ponderación sugiere que la canasta representa el consumo de hogares de menores ingresos".
Además, se dio cuenta de irregularidades en las maneras de imputar un precio -cuando no se encuentra un producto en la calle se indica un valor de acuerdo a un cálculo que está en la metodología- y a la hora de tratar los precios máximos y mínimos que se salen de la media relevada (los denominados precios "atípicos" u "outliers"). En este último caso, se sugirió que podrían haberse eliminado -sin sustento metodológico- algunos valores altos que podrían no haber sido calificados como "atípicos".
DesmantelamientoPero más allá de los datos en sí mismos, los profesores universitarios pusieron el foco en quiénes los elaboran. A partir de 2007, trabajadores enrolados en ATE-Indec (opuestos a la intervención) denunciaron el desmantelamiento institucional y el ingreso de personal afín al Gobierno.
"En efecto, el descrédito sobre las estadísticas se ha dado paralelamente con un determinado funcionamiento del Instituto y con la pérdida de valiosos recursos humanos debido a alejamientos o desplazamientos de carácter involuntario", indicaron.
Según el CAES, de las nueve direcciones nacionales del instituto, siete están vacantes (78%). Del total de las direcciones o coordinaciones, siete están sin ocupar (26%). De los 36 cargos jerárquicos del Indec, el 39% está vacante y el 33% tiene nombramiento transitorio.
"La situación (?) es preocupante ya que difícilmente pueda un organismo eminentemente técnico como el Indec funcionar adecuadamente con la falta de 39 cargos directivos. El número de direcciones vacantes y las cubiertas en forma transitoria muestran una marcada debilidad institucional", se explicó.
Con respecto a los ingresos de personal desde la denominada "intervención oficial", el CAES afirma que entre 1995 y 2006 hay poca variación en el empleo total del organismo. Es más, en 2006 se alcanza el mismo empleo que en 1996: aproximadamente 1210 trabajadores. "Sin embargo, es notable el crecimiento observado en 2007 (24,9% en un año, llegando a 1506 empleados)". No obstante, según los profesores, no se observa para el mismo período un incremento de la producción en el Indec.
Tampoco mejoró la calidad de los recursos humanos. En agosto de 2009, el 40% de los empleados del organismo eran profesionales, incluyendo los posgrados. "En los organismos productores de estadísticas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los profesionales representan el 50% del empleo total. El porcentaje de empleados con educación superior en los institutos de estadística de la OCDE es un 25% más alto que en el Indec".
Se señaló además que entre los "programas estadísticos más débiles" en cuanto a los cuadros técnicos que los producen se encuentran la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el índice de Precios al Consumidor, entre otros. "La baja calidad estadística de los recursos humanos de esos programas parece abonar la sensación general de desconfianza que tiene la sociedad sobre las estadísticas del Indec".
En sus conclusiones, el CAES destacó "los más altos estándares" y "el reconocimiento por la excelencia de sus cuadros técnicos" que primó en el Indec hasta 2006. Para el período posterior a la llegada de Moreno, en enero de 2007, las universidades recomiendan "la necesidad de una urgente y profunda reforma institucional del Instituto".
CRUDO DIAGNÓSTICO- Consejo. El Gobierno pidió asesoramiento a 5 universidades para obtener un diagnóstico sobre el Indec.
- Reclamo. El trabajo indica que la inflación oficial no es confiable y alienta la reforma del organismo.
- Misión del Fondo. Hoy arribarán los técnicos que asesoran en la creación de un nuevo IPC, que recibieron el informe académico.
