EL RÉGIMEN DE LA CRISIS PERMANENTE. UN BALANCE DE NUEVE AÑOS DE KIRCHNERISMO
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras
brudieg@gmail.com
http://revistasiigg.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/article/view/204/182
Resumen
El presente artículo traza una polémica con el llamado "relato" construido por el oficialismo
a la luz de un análisis de conjunto de los gobiernos kirchneristas. Tomando como
punto de partida la situación política inmediatamente posterior a la rebelión popular de
2001, y llegando hasta acontecimientos recientes como el desastre ferroviario de Once o
la expropiación parcial de Repsol YPF, el artículo realiza un repaso crítico de los principales
hitos ‐‐políticos, económicos y sociales‐‐ del régimen kirchnerista en estos nueve
años de gobierno.
Cuando los acontecimientos toman un giro revolucionario y se rompe la
continuidad jurídica, las clases ‘cultas’ que quieren llegar al poder se
agarran de buena gana a los nombres y símbolos ligados con los recuerdos
heroicos de las masas. Gustan de cubrir con el manto de la palabra la
verdadera realidad de las cosas, sobre todo cuando esto responde a los
intereses de las clases dominantes.
León Trotsky, Historia de la revolución rusa
El origen
Habían pasado ya seis meses de la histórica rebelión popular que derrocó al gobierno de
Fernando de la Rúa en diciembre de 2001: sin embargo, ninguno de los reclamos que
motorizaron el estallido social se encontraban aún satisfechos. Por el contrario, con más
de treinta trabajadores asesinados por las fuerzas represivas en las jornadas del 19 y 20,
la miseria se acentuaba aún más con las medidas devaluatorias y la inflación creciente.
El 26 de junio de 2002, en el marco de un masivo plan de lucha piquetero de la Asamblea
Nacional de Trabajadores, la represión estatal desatada en el Puente Pueyrredón se
cobró las vidas de los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Un día después,
una movilización popular aún mayor copó las calles en repudio a la masacre, precipitando
así el final del gobierno interino surgido hacía unos pocos meses.
Pese a que el mandato presidencial estaba previsto hasta diciembre de 2003 (fecha en
que también hubiera terminado el gobierno de Fernando de la Rúa), el presidente
Eduardo Duhalde decidió tras los hechos adelantar las elecciones para el 18 de abril y el
traspaso de mando para el 25 de mayo. La gravedad de la crisis institucional y económica,
sumada a un estado de insurgencia popular y lucha callejera creciente, hicieron
incluso declinar a Duhalde la posibilidad de presentarse a dicha elección. De lo que se
trataba ahora, para la burguesía representada en el gobierno, era de encontrar un nuevo
candidato capaz de recomponer la gobernabilidad del régimen que estalló con la bancarrota
capitalista y la rebelión popular. La tarea no era sencilla, ya que a la bancarrota económica
prosiguió la bancarrota de los partidos del régimen (UCR y PJ), identificados y
repudiados por la población como los principales responsables de la crisis más grave
que había vivido Argentina en toda su historia. La crisis del régimen capitalista era percibida
por la población como una crisis de representatividad: el grito de “Que se vayan
todos” resumía de alguna manera esta caracterización política.
Ante la debacle del radicalismo y la disgregación del peronismo a nivel nacional, no
cabían dudas para la burguesía —pero también para el FMI— de que cualquier tentativa
de recomposición de su poder político no podía sino apoyarse en los sectores devaluacionistas
del peronismo bonaerense, la estructura partidaria más poderosa que quedaba
en el país, y que era dirigida por el presidente Duhalde. Fue entonces cuando, ante
la imposibilidad de lograr un acuerdo primero con Reutemann y luego con De la Sota,
Duhalde decidió dar su apoyo a la precandidatura de Néstor Kirchner, el más débil y
menos popular de los candidatos de la interna peronista.
Siendo gobernador justicialista de la provincia de Santa Cruz desde 1991, Néstor
Kirchner se caracterizó por ser un fuerte impulsor de las políticas “neoliberales” del
menemismo; entre ellas se destacó el apoyo a la privatización de YPF. Por esta operación
la provincia recibió una suma de 535 millones de dólares en concepto de regalías hidrocarburíferas.
Aconsejado por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, el
gobernador santacruceño depositó una parte de las regalías en un banco de Suiza y con
otra compró acciones de YPF. Mientras tanto, cientos de trabajadores de YPF eran despedidos
y comenzaban a engrosar las filas de los desocupados: muchos de ellos serían
luego los fundadores del masivo movimiento piquetero que se esparcía por todo el país.
Hacia 1998 la crisis internacional —el derrumbe de los “tigres asiáticos” y de Rusia—
afectó con una importante fuga de capitales a la Argentina, revelándose rápidamente la
fragilidad de las políticas neoliberales y las dificultades económicas del gobierno. A partir
de ese momento el gobernador de Santa Cruz tomó distancia del presidente Carlos
Menem y dentro de las filas del PJ se alineó con Duhalde, gobernador de la provincia de
Buenos Aires y ya por entonces principal opositor.
Para principios de 2003 el proceso electoral finalmente había logrado instalarse. La burguesía
retomaba la iniciativa producto de una incipiente recuperación económica y una
relativa disminución de la insurgencia callejera. Sin embargo, la normalidad institucional
y la recomposición de los partidos del régimen estaban lejos de haberse logrado.
Ante la imposibilidad de llevar adelante su interna, el partido gobernante fue a las elecciones
con tres candidatos: Kirchner, Menem y Rodríguez Saá, como si perteneciesen a
partidos distintos. Esta crisis del PJ aseguraba que ninguno de los candidatos pudiera
triunfar en la primera vuelta. El apoyo del aparato duhaldista y el ahora gratuito discurso
antinoventista permitieron a Kirchner (Frente para la Victoria – FPV) subir algunas
posiciones en las encuestas. A pesar de esto obtuvo solo un 22 % de los votos emitidos,
resultando superado por Menem (Alianza Frente por la Lealtad ‐UCeDé), que obtuvo el
24,3%. Tener la posibilidad de un ballotage contra el artífice de las políticas que terminaron
en la debacle de 2001 era, no obstante, la elección soñada para cualquiera de los
candidatos. El conjunto de las otras fuerzas burguesas, para no quedar pegadas al desprestigiado
menemismo, llamarían a votar por su oponente cualquiera fuera este. Por
esto mismo los sondeos previos al ballotage indicaban entre un 60 y 70% de intención
de voto para el gobernador de Santa Cruz. El ballotage, sin embargo, nunca tuvo lugar:
el 14 de mayo el expresidente Menem anunció su decisión de renunciar a su candidatura,
lo que automáticamente convirtió a Kirchner en presidente electo. Con el proceso
electoral terminado, la crisis de régimen, sin embargo, no estaba cerrada: Néstor
Kirchner accedía a la presidencia con el nivel más bajo de votos jamás registrado en la
historia argentina. Las posibilidades de restablecer la autoridad del Estado dependerían
entonces de factores no estrictamente vinculados al normal funcionamiento de la institucionalidad
burguesa.
Fragilidad política y rescate a la “burguesía nacional”
La extrema debilidad con que asumía el nuevo gobierno, encabezado ahora por un ignoto
gobernador patagónico del Partido Justicialista, solo puede analizarse a partir del
cuadro político planteado por el levantamiento popular de diciembre de 2001. El repudio
popular a los partidos tradicionales había llevado, por un lado, a la virtual disolución
de la UCR y, por otro, a la fragmentación del peronismo en distintas camarillas que
se disputaban para sí los espacios de poder. Esta situación impedía al nuevo gobierno
gozar de un apoyo en bloque de la tradicional estructura pejotista a nivel nacional.
Asimismo, lejos de tener una identidad propia, la nueva administración se sostenía a
partir de la misma camarilla duhaldista que había tenido que anunciar recientemente su
retirada. En efecto, Kirchner asumió la presidencia confirmando para su gobierno al
ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y a otros miembros del gabinete
de su antecesor. Esta continuidad del régimen, sumado a su pasado menemista, hacía
del nuevo presidente un nuevo‐viejo representante de la política que había sido repudiada
por la población en diciembre de 2001: lejos estaba de ser una expresión de los sectores
populares que habían protagonizado dicha rebelión.1
En el plano económico, el nuevo gobierno ratificaba el rumbo que habían impuesto
Duhalde y la burguesía devalucionista, con el aval del departamento de Estado norteamericano.
Se reivindicó la intervención estatal en la economía, a través de la devaluación
del peso, que tuvo como objetivo fundamental recrear las condiciones de rentabilidad
del capital a partir de una desvalorización de los salarios y del gasto público. Esta
inédita confiscación social que le permitía a la burguesía local recontratar la fuerza de
trabajo a precios inferiores a los de la década del 90 y en condiciones laborales considerablemente
más precarias, fue acompañada además por la licuación de sus deudas, gracias
a la pesificación asimétrica. Asimismo, la declaración de default de la deuda pública
posibilitó la entrega de enormes subsidios a los servicios de energía y transporte y a
los bancos que en 2001 habían sido el canal por donde se fugaron los capitales que provocaron
el default.
Este régimen de emergencia, montado por Duhalde y ratificado luego por Kirchner, era
presentado ahora como un modelo “antineoliberal” y de defensa de la producción
nacional (el “modelo productivo”). Sin embargo, esta tentativa de “regulación” estatal
para revivir al capitalismo argentino solo fue viable a partir de un elemento externo, no
vinculado a los golpes de timón de la burguesía local: un ascenso del ciclo económico
mundial desde finales de 2002, que implicó un progresivo aumento del precio de las
commodities que dominan la pauta de exportación del país; esto en el marco de la entrada
vigorosa de China como demandante de estas materias primas a nivel mundial. Estas
circunstancias externas, sumadas a la depreciación del costo salarial interno le permitieron
recuperar rentabilidad a la tradicional burguesía agroexportadora, que se transformó
en el pilar fundamental de la recomposición económica del régimen. El aumento de
las exportaciones, particularmente las de soja, permitieron al gobierno, por medio de las
retenciones impositivas, hacerse de divisas que posibilitaron por un lado una cierta
recuperación de sus finanzas y por otro seguir compensando —mediante subsidios— a
los sectores de la burguesía que no se habían visto beneficiados directamente por la
devaluación. Esta política de subsidios a las empresas energéticas y de servicios constituyó,
en los hechos, un subsidio a la burguesía industrial: al no habilitarse una suba
generalizada de tarifas, ésta pudo sostenerse sobre salarios extraordinariamente bajos y
así poner en funcionamiento una capacidad instalada que en el marco de la megadevaluación
recuperaba su competitividad frente a los productos importados.
Esta reconstrucción de la “burguesía nacional”, basada en la precarización y miseria
salarial y la confiscación de los sectores medios, no operaba en la vacío sino que tenía
que imponerse, como señalamos antes, en el cuadro político planteado por el levantamiento
popular de diciembre de 2001. La salida frontalmente represiva ensayada por
Duhalde le había costado su gobierno. Consciente de esto, y de su propia debilidad política,
Néstor Kirchner se vio obligado a llevar adelante las más diversas maniobras y
alianzas políticas para, por un lado, neutralizar y aislar al movimiento popular y, por
otro, alinear detrás suyo a los gobernadores y los dispersas fracciones políticas de la burguesía.
La cooptación a través de los programas de asistencia social y la adopción, en un
plano discursivo, de causas históricamente vinculadas a la lucha popular democrática y
antimperialista, le permitieron ganar la confianza de sectores vinculados al progresismo
y al nacionalismo de izquierda que habían simpatizado y algunos sido parte de la rebelión
de 2001. La recomposición económica de la caja del Estado iba a jugar un rol fundamental
en esta cooptación e iba a ser decisiva para encolumnar detrás de sí a la repudiada
“vieja política” de los partidos patronales.
La restauración “antineoliberal”
El objetivo que se propuso Néstor Kirchner fue reconstruir a la burguesía nacional y restablecer
la autoridad de su Estado, es decir recomponer el régimen que se había desmoronado.
La recomposición de la economía capitalista necesitaba ahora de las muletas de
su Estado y el Estado a su vez debía recuperar la iniciativa política para restaurarse
como autoridad absoluta.
Un primer paso en este sentido fue la renovación de la Corte Suprema, cuyo objetivo primordial
era el de terminar de convalidar la pesificación asimétrica que había confiscado
los depósitos de pequeños y medianos ahorristas. En este mismo acto se convalidaba
también la licuación de las deudas de los grandes capitales afectados o no por la bancarrota.
Asimismo la banca era compensada con la emisión de nueva deuda pública, sin
ser investigada por la nueva Corte por su responsabilidad en la fuga de capitales que
condujeron al default. De esta manera se buscaba devolver al sistema financiero la
“seguridad jurídica” perdida con la ruptura de los contratos pactados en moneda convertible.
Todo este operativo jurídico de rescate al gran capital, sin embargo, era presentado
a la población como una cruzada republicana contra la Corte del “antiguo régimen”
menemista, popularmente señalada como la Corte de la “mayoría automática” y
fuertemente cuestionada por carecer de independencia respecto del Poder Ejecutivo y
por su carácter ideológicamente conservador, afín a los intereses del “neoliberalismo”.
La nueva Corte, con un perfil ideológico “progresista”, aparentemente en las antípodas
de la anterior, debutaba sin embargo con un fallo típicamente conservador que legitimaba
el saqueo a los pequeños y medianos ahorristas, revelando así desde su origen como
ilusoria la pretensión de una justicia independiente de los intereses capitalistas del
Estado y de su nuevo gobierno ahora formalmente “antineoliberal”.
La otra cuestión de Estado, quizás la principal, para recomponer el régimen, era la salida
del default, es decir reprogramar los vencimientos para volver a pagar la deuda
externa con el objetivo futuro de recuperar el acceso al crédito internacional y reiniciar
así un nuevo ciclo de endeudamiento. Los superávits gemelos, tanto el fiscal como el de
la balanza comercial, eran la garantía de pago de lo que ahora el gobierno llamaba política
de “desendeudamiento”. Este intento de resignificar el pago de la deuda externa no
era un simple juego de palabras sino que tenía todo un trasfondo político: la fragilidad
del gobierno para encarar una acción que no gozaba de la simpatía popular, más en un
contexto de crisis donde las necesidades básicas de los sectores populares seguían insatisfechas.
El pago de la deuda externa por parte de los distintos gobiernos nacionales
había condenado a la nación a ser una semicolonia del capital financiero de los países
centrales, era la causa principal del último quebranto nacional y además estaba hartamente
comprobado en los estrados judiciales su carácter usurario y fraudulento. Gran
parte de la población percibía esto luego de la crisis y el problema para el gobierno consistía
en presentar esta acción, típicamente neoliberal y de sometimiento al capital financiero
internacional, como su contrario, como un acto acorde al “nuevo modelo” antineoliberal,
también llamado “nacional y popular”.
El principal argumento del gobierno para presentar el pago como un acto de soberanía
e independencia nacional era que éste se realizaría con una quita. Fue así que para
mediados de 2004 anunció pomposamente que la base de negociación para reestructurar
los pagos de la deuda sería alrededor del 60% de su valor original. Sin embargo, para
entonces el valor de mercado de los bonos defaulteados en 2001 apenas llegaba al 20%.
De esta manera, el canje de deuda se trasformaba en un fabuloso negocio para los especuladores
que la adquirieron a precio vil luego del default. De todas formas, el inmenso
negociado no terminaba ahí, ya que a cambio de los títulos en mora el gobierno
argentino ofreció en 2005 tres nuevos bonos (el Bono Par, el Cuasi Par y el Descuento):
una “nueva deuda”, parte emitida en pesos con la excusa de hacerla “nacional”, que se
indexaba con el crecimiento económico y un índice próximo a la inflación interna. La
quita era en realidad un reendeudamiento que se prolongaba en el tiempo, es decir, una
nueva hipoteca usuraria que condicionaría el futuro del país. A esto hay que sumarle el
pago en 2005 del total de la deuda contraída con el FMI, sin ninguna quita, a pesar de
que este organismo era señalado por el mismo gobierno “nacional y popular” como uno
de los principales responsables de llevar al país a la peor crisis social de toda su historia.
Sobre la base de los “superávits gemelos”, en el período 2003‐2007 el “modelo antineoliberal”
terminó girando en concepto de obligaciones externas una suma superior a los
50 mil millones de dólares. A fines de 2009 la “política del desendeudamiento” había llevado
la deuda pública a una suma de 145 mil millones de dólares, es decir igualaba
aquella que acumularon los “neoliberales” De la Rúa y Cavallo antes de diciembre de
2001. A pesar de que algunos acreedores no aceptaron el canje en los términos del
gobierno (solo un 24%), esta gigantesca operación de rescate a la banca y a los organismos
multilaterales de crédito permitiría al gobierno del FPV congraciarse con gran parte
del establishment: el apoyo transitorio de las distintas fracciones de la burguesía lo llevó
a ganar las elecciones legislativas de 2005. Sin embargo, esta restauración de las bases
capitalistas del régimen no tenía su correlato en un cambio cualitativo de las condiciones
de existencia de los sectores populares. Una manifestación de esto es que el FPV sólo
logró imponerse como primera minoría con el 30% de los votos emitidos, manteniéndose,
aunque en menor grado, la dispersión del voto que había caracterizado a las elecciones
de 2003. Como toda recuperación capitalista, ésta se había forjado sobre el esfuerzo
de la población trabajadora y a expensas del gasto social. Por lo tanto el revulsivo social
se mantenía latente y, agravado ahora por la inflación, se trasladaba también al interior
de los lugares de trabajo.
Cooptación política y “derechos humanos”
Haber sido apadrinado por el responsable político de la masacre de Puente Pueyrredón
era una carga pesada de llevar para un gobierno que necesitaba hacerse de apoyo popular
y configurar a la vez un aparato político propio que le permitiera desplazar a la
camarilla duhaldista, que a través de su red bonaerense de punteros intentaba mantenerse
como un poder en las sombras. La disputa por ese aparato de punteros e intendentes
del Gran Buenos Aires, indispensable para ganar cualquier elección, iba a llevar
a Néstor Kirchner a un enfrentamiento con su mentor. La posibilidad de que esta red
punteril se pasase de bando estaba determinada por la capacidad del gobierno de bajar
recursos económicos y prebendas a las intendencias. El resultado de esta cooptación
económica se reflejó en la victoria electoral del FPV sobre el duhaldismo en las elecciones
legislativas de 2005. No obstante, con el telón de fondo de la rebelión popular que
implicaba un giro a la izquierda del electorado, la “construcción de poder” del gobierno
no podía limitarse al armado punteril del tradicional PJ bonaerense. Fue el momento
de ensayar la llamada “transversalidad” para avanzar en la cooptación de sectores
sociales, políticos, intelectuales y sindicales (MTA‐CTA) que, como señalamos antes, se
habían caracterizado en la última etapa por su oposición a las políticas “neoliberales” de
los 90 y el repudio a los partidos tradicionales del régimen (PJ‐UCR).
La construcción del relato “nacional y popular”, vinculado a la defensa de la producción
nacional y a la intervención del Estado en la economía, sirvió para acercar en un
plano ideológico a estos movimientos sociales y políticos vinculados al nacionalismo y
a la centroizquierda. La demagogia vinculada a históricas reivindicaciones democráticas
fue excusa para cooptar a reconocidas organizaciones de derechos humanos y a un
sector de la intelectualidad progresista y hasta autoproclamada de izquierda. De esta
manera el gobierno buscaba presentarse a sí mismo como una fuerza de centroizquierda,
de defensa de lo nacional y el progreso, frente a las fuerzas de centroderecha que
encarnaban la “restauración conservadora” del neoliberalismo. Sin embargo, “no se
juzga a los hombres por lo que ellos dicen de si mismo sino por lo que hacen”, y lo
mismo vale para los gobiernos. El gobierno que acordaba con el capital financiero internacional
y los “barones” del conurbano y tenía por objetivo “reconstruir a la burguesía
nacional” que había provocado el derrumbe de diciembre de 2001, no podía desarrollar
consecuentemente ninguna tentativa de autonomía política o económica del país ni
defender reivindicaciones democráticas que cuestionasen de conjunto el monopolio
estatal de la fuerza de esa misma burguesía.
La llamada “política de derechos humanos”, que habría comenzado con el acto simbólico
que descolgaba el cuadro de Videla en la ESMA, en realidad, nunca fue tal, ya que
la derogación de las leyes de impunidad que permitía volver a juzgar a los genocidas
solo estuvo en la agenda del gobierno a partir de los sucesivos pedidos de extradición
de estos por parte de la justicia española. Es decir, una maniobra para impedir la extradición
masiva de militares con la excusa de ser juzgados en el país. Así se buscaba evitar
un enfrentamiento directo con las FF.AA. en una situación de extrema debilidad política.
Las condiciones de la justicia argentina, con innumerables lazos con la FF.AA. —la
mayoría de sus más influyentes funcionarios fueron nombrados durante la última dictadura
militar— aseguraban la prolongación en el tiempo de los procesos y los juzgamientos
a los genocidas. Algunos incluso llegarían al final de sus días sin haber sido juzgados.
Salvo algunas excepciones vinculadas a los casos más resonantes, los juicios
avanzaron a cuentagotas y con el agravante de la intimidación y hasta el secuestro y desaparición
de los testigos (Julio López). De esta manera quedaba demostrado que el aparato
represivo heredado de la última dictadura militar seguía intacto y operando al interior
de las actuales “fuerzas de seguridad”. Hay que destacar que el kirchnerismo nunca
tocó los archivos de la Side que se utilizan para el espionaje interior y que se demoró
ocho años en abrir los archivos de la inteligencia militar, el tiempo suficiente para su
vaciamiento o adulteración. Por otro lado, prosiguieron los casos de gatillo fácil y torturas
en las comisarías de la “maldita policía” (desaparición de Luciano Arruga en 2009,
entre otros), revelando una continuidad, en materia de criminalidad y abuso policial,
respecto de los gobiernos democráticos anteriores. La idea difundida de “no reprimir la
protesta social”, utilizada para diferenciarse de los anteriores gobiernos de la derecha
ideológica (Duhalde y De la Rúa), rápidamente se reveló falaz, ya que en aquellos casos
en que no intervino directamente la fuerza pública lo hicieron grupos de choque paraestatales
vinculados a la tradicional burocracia sindical. Esta alianza con las burocracias
de los sindicatos fue fundamental para la reconstrucción del régimen, ya que operaba
como dique de contención frente las crecientes luchas y el activismo que se desarrollaba
en los lugares de trabajo producto de una recomposición económica que buscaba
imponerse a través de la precarización laboral y devaluación de los salarios. Las constantes
amenazas y la violencia física contra los sectores antiburocráticos tuvieron su
máxima expresión el 20 de octubre de 2010 con el asesinato, por parte de una patota de
la Unión Ferroviaria, del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Las organizaciones de derechos humanos y los movimientos sociales o piqueteros, que
finalmente se integraron al Estado y al apoyo gubernamental, lo hicieron entonces en
base a los repudiados métodos de la “vieja política”: la regimentación a través de las
prebendas económicas y la organización punteril. Esta desnaturalización de organizaciones
y sectores progresistas que en el pasado reciente habían forjado una identidad en
base a la denuncia y la lucha contra los atropellos del estado capitalista se vio brutalmente
reflejada en el escándalo de corrupción que involucró a la Asociación Madres de
Plaza de Mayo por el desvío de fondos públicos que estaban destinados a la construcción
de viviendas sociales. El kirchnerismo en esta etapa limitó el apoyo a su armado
gubernamental a la cooptación de dirigentes de estas organizaciones, en su mayoría de
orientación nacionalista o reformista y en menor medida vinculadas a la izquierda (PC),
las cuales creían ver en su integración estatal un contrapeso frente a los sectores políticos
tradicionales que eran parte del gobierno. En realidad no eran más que un complemento,
una cubierta, funcional a los intereses restauradores de la burguesía. Por esto
mismo el apoyo de estas organizaciones nunca constituyó una referencia popular: las
bases profundamente capitalistas de la transición impedían una transformación en términos
cualitativos de las condiciones de existencia y de la vida democrática de las grandes
masas.
Sucesión marital y crisis del “modelo productivo”
La elección de Cristina Fernández de Kirchner para suceder a su esposo en la elección
presidencial de 2007 debe entenderse como una manifestación de la precariedad política
y económica en que aún se encontraba la transición inaugurada en 2003. Según los
voceros oficialistas, el relevo presidencial, en una señal de fortaleza, no hacía más que
preparar el retorno de Néstor Kirchner en las elecciones de 2011. Sin embargo lo que
precipitó el relevo fue justamente lo contrario, es decir, el agotamiento del modelo que
había llevado a una recomposición económica de la burguesía nacional. Esto se manifestaba
en la creciente inflación, el colapso energético, la semiparalización industrial e
incluso agropecuaria, y la caída internacional de los títulos públicos. Las derrotas electorales
del gobierno en Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires fueron la expresión
política de esta crisis del modelo “antineoliberal”, que se hizo más evidente a partir de
la segunda mitad de 2007 con el estallido de la crisis internacional.
En este cuadro la candidatura de Cristina Kirchner, si bien garantizaba la continuidad
de la camarilla kirchnerista, era presentada como la expresión de un viraje político que
se imponía por las circunstancias. Con su perfil más pragmático y flexible, la burguesía
confiaba en que asumiría los reclamos del gran capital en materia de liberación de tarifas
y de precios, la satisfacción integral de los acreedores de la deuda y —de conjunto—
un alineamiento incondicional con el imperialismo. En octubre de 2007 la candidata del
kirchnerismo ganó las elecciones en alianza con una parte del repudiado partido radical
(Cobos), acuerdo que sumaba credibilidad a su compromiso con la clase capitalista,
pero que sin embargo no terminaba de convencer a la mayoría del electorado. El nuevo
gobierno asumió con el 45% de los votos positivos y solo el 34% del padrón electoral.
A pesar de los superávit históricos logrados por el aumento de las exportaciones de granos
y la devaluación de la moneda durante los cuatro años previos, el nuevo gobierno
kirchnerista se enfrentó a una nueva crisis de deuda pública. Durante este período el
“modelo productivo” había dilapidado más de 50 mil millones de dólares en pagos de
la deuda y en evitar que el ingreso de divisas tirara abajo el precio del dólar.
Contradictoriamente, los dólares que ingresaban por retenciones ahora se iban para
mantener el peso devaluado y así sostener las exportaciones… y el modelo de las retenciones.
Con los crecientes pagos de la deuda, que durante el año 2007 habían implicado
una suba de 15 mil millones de dólares solamente por la indexación de la contraída en
pesos, la necesidad del gobierno de hacerse de divisas aumentó y las contradicciones de
esta calesita no pudieron sino estallar. Esto llevó no sólo a una nueva crisis de carácter
económico sino a una de carácter político, derivada del enfrentamiento con la burguesía
agroexportadora a partir de la decisión del gobierno —a través de la resolución
125/08 del Ministerio de Economía— de subir del 35 al 44 por ciento las retenciones a la
exportación de soja y de establecer aumentos móviles según fuera evolucionando el precio
internacional. Paradójicamente, para salvar al “modelo”, el gobierno iba a una crisis
política con el sector del capital que, junto al financiero, más se había enriquecido
durante el kirchnerismo, y que por lo tanto había aportado gran parte de los votos, principalmente
el de los sectores medios del interior que habían posibilitado su victoria en
las elecciones presidenciales.
Durante el desarrollo del conflicto, el gobierno de CFK, procuró presentarlo como un
enfrentamiento entre la antinacional oligarquía terrateniente, tradicionalmente vinculada
a los intereses capitalistas foráneos, y los intereses nacionales y populares que representaría
el gobierno y su “modelo productivo”. Si bien esta envoltura ideológica le valió
al gobierno el apoyo de un sector de la pequeña burguesía ilustrada (Carta Abierta), la
apelación a movilizar detrás de sí a los sectores populares se limitó a la capacidad de
convocatoria del aparato burocrático de las centrales sindicales oficialistas (CGT y un
sector de la CTA) y las redes de punteros del conurbano, ya sean las que respondían a
los intendentes del PJ o a las de los cooptados movimientos de desocupados (FTV‐ Mov.
Evita y otros minoritarios). La “causa nacional” que esgrimía el gobierno, en realidad,
no era percibida por las grandes masas trabajadoras como una causa propia. Como
señalamos antes, la reconstrucción de la burguesía nacional pregonada por el kirchnerismo
se había forjado sobre la precarización laboral y salarios que no alcanzaban a
cubrir la canasta familiar. Hay que señalar además que gran parte de la compra de dólares
que realizaba el gobierno para mantener devaluado el peso se sostenía con emisión
monetaria del Banco Central, incentivando así el proceso inflacionario y la caída del
poder adquisitivo de los sectores obreros. Por otro lado, el inmovilismo del gobierno
ante el conjunto de contradicciones que abría la crisis se manifestó en su incapacidad
para tomar una medida de carácter popular como la derogación de la ley del peón rural
de la dictadura, que pudiese fracturar el frente político que encabezaba el gran capital
agrario y movilizar tras de sí a los sectores más explotados del campo. Por el contrario,
inclusive en el terreno de la movilización callejera, el gobierno se vio superado en número
por los actos de la conservadora Sociedad Rural y la pequeña burguesía chacarera. Se
ponía una vez más de manifiesto la completa impotencia del nacionalismo de contenido
burgués para movilizar a las masas explotadas del campo y la ciudad y enfrentar de
manera consecuente a los sectores derechistas, tradicionalmente ligados al capital financiero
internacional. Pero principalmente se revelaba la completa nulidad del kirchnerismo
como referencia popular.
La parálisis del gobierno ante el lock out de las patronales agrarias lo llevó a optar por
una resolución parlamentaria del conflicto. Si bien a priori el gobierno, junto a sus aliados,
lograba la mayoría en ambas cámaras, la opción parlamentaria era un claro retroceso
ya que lo exponía al lobby de uno de los sectores capitalistas más poderosos del
país. El desenlace final de esta disputa capitalista fue la derrota del gobierno, justamente
por el tráfico de votos de un bando a otro y el decisivo voto de su aliado principal, el
vicepresidente radical Cobos, a favor del capital agrario. Ahora, el gobierno recién asumido
de CFK no solo debía enfrentar una derrota política inesperada, que condicionaba
la futura gobernabilidad del régimen, sino también la urgente necesidad de financiamiento
en el marco de una bancarrota capitalista internacional sin precedentes y una
fuga de capitales que aplazaban indefinidamente las posibilidades de “normalización”
de la economía y la vuelta a los mercados internacionales de crédito que la clase capitalista
en su conjunto esperaba de la nueva administración.
Al choque con la burguesía agraria le siguieron numerosos cierres de empresas, el
comienzo de suspensiones, y como era de esperar, una nueva alza de los conflictos laborales.
La crisis internacional en curso no hacía más que acentuar las contradicciones de
la experiencia “nacionalista” y mostraba los límites de la recomposición capitalista iniciada
en 2003. Fue entonces, ante la imposibilidad política de aplicar un ajuste en regla
sin que esto produjese un estallido social de mayor envergadura, que el gobierno de
CFK decidió a finales de 2008 recuperar la iniciativa nacionalizando los fondos de las
AFJP. La obtención de estos fondos garantizaba al gobierno, en lo inmediato, poder
seguir cumpliendo con los pagos de la deuda pública. Si bien la medida fue criticada por
los capitales afectados, la burguesía de conjunto la sostuvo al comprender que los recursos
jubilatorios serían aplicados al rescate del capital en el marco de la crisis. En este sentido
el destino de los fondos estatizados siguió siendo el mismo que con las AFJP: la
compra de títulos públicos y de acciones de empresas privadas, a los que se sumaron los
préstamos y subsidios al capital. El nuevo régimen previsional, en definitiva, no era más
que un sistema de capitalización bajo la égida del Estado, donde los haberes jubilatorios
seguían sometidos al vaivén de los negocios capitalistas. La medida, si bien podría
haber suscitado una simpatía entre las masas, no lo hizo, o en todo caso pasó desapercibida,
dado que no tuvo como correlato un aumento en los haberes jubilatorios —el
gobierno se opuso fervientemente a la reivindicación del 82% móvil— y en la calidad de
vida de los trabajadores, a quienes por otro lado realmente pertenecían esos fondos.
Sólo un año después, cuando el agravamiento de la polarización social y la inflación
reinstaló en la agenda nacional la cuestión de la pobreza y el fantasma de una reacción
popular, el gobierno empleó parte de los recursos jubilatorios para algunas medidas
asistenciales como la Asignación Universal por Hijo, que otorgaba la raquítica suma de
180 pesos mensuales por hijo menor de 18 años a los trabajadores desocupados o en
negro.
Sin embargo, dado el carácter aislado de esta nacionalización, el gobierno no logró evitar
que la crisis siguiera su curso. Donde más impactó es en el poder adquisitivo y las
condiciones laborales de la clase obrera. La creciente inflación, sumada a la imposición
de topes y aumentos escalonados en las paritarias, dio lugar a un importante movimiento
de huelgas y ocupaciones de fábricas. La organización sobre la base de reivindicaciones
cada vez más apremiantes profundizó el desarrollo de activistas y cuerpos de delegados
combativos que cuestionan la dirección a la anquilosada burocracia sindical aliada
al gobierno. Con este cuestionamiento a la burocracia, el principal instrumento de
contención y regimentación del movimiento obrero durante la última etapa, se manifestaba
el agotamiento político del kirchnerismo también en el campo de las relaciones
laborales.
El carácter generalizado de la crisis que enfrentaba el régimen iba a quedar en evidencia
con el adelantamiento de las elecciones legislativas para junio de 2009. Con esta
maniobra, el kirchnerismo calculaba poder mantener su mayoría parlamentaria antes
que los efectos de la crisis tuvieran un mayor impacto en la población. Sin embargo, fue
precisamente en esos meses cuando la crisis causó su mayor impacto en el país, provocando
una caída de casi el 5% del PBI. La maniobra del adelantamiento electoral no iba
a poder sortear los efectos disolventes de la crisis económica sobre la superestructura
política. El kirchnerismo sufrió una dura derrota en las legislativas, con la particularidad
de ser el propio Néstor Kirchner quien resultó derrotado en la categoría de diputados
nacionales bonaerenses por el advenedizo candidato de centroderecha Francisco de
Narváez. La derrota terminó de desatar una crisis con un sector del PJ bonaerense, que
previendo el derrumbe de la camarilla gobernante había jugado a dos puntas, poniendo
parte de su aparato de punteros al servicio de la candidatura de Unión‐Pro. Un día
después de la derrota y habiendo perdido el apoyo de un sector fundamental del peronismo
Néstor Kirchner renunció a la presidencia del Partido Justicialista.
Derrumbe de régimen y bonapartismo
La debacle del gobierno en las legislativas de 2009 reflejaba el completo impasse al que
había llegado el régimen político inaugurado en 2002, como consecuencia de la bancarrota
capitalista y el agotamiento de su política económica. El desenlace electoral expresó
un cambio de frente de la “burguesía nacional”, que había defendido el “modelo pro
ductivo” —moneda y salarios devaluados— desde el gobierno de Duhalde en adelante.
Las limitaciones financieras del “modelo” llevaron a la burguesía a optar políticamente
por la variable capitalista opositora del ajuste fiscal y la liberación de las tarifas. Por otro
lado, si bien hasta al momento la burguesía reconocía al kirchnerismo su capacidad de
regimentar el conflicto social a través de la burocracia de los sindicatos, la crisis del
“modelo” implicaba al mismo tiempo el derrumbe de ese arbitraje político que se construyó,
después de 2003, entre los obreros y la burguesía. Ante la posibilidad de un desmadre
de la lucha reivindicativa la burguesía parecía optar por profundizar la judicialización
y la represión de la protesta social que planteaba la oposición de derecha.
Sin embargo, ir a un agudización de la lucha de clases no era del todo viable para la burguesía
en el marco de un gobierno debilitado y una oposición patronal que si bien había
propinado un duro golpe al kirchnerismo todavía se encontraba profundamente atomizada
y sin poder estructurarse en torno a un liderazgo luego de la crisis que afectó a los
partidos en 2001. Dividida en distintos sectores de centroderecha (UCR‐Peronismo
Federal‐ Coalición Cívica‐PRO) y centroizquierda (PS‐Proyecto Sur y otros bloques
menores) oscilaba entre el apoyo y la oposición a las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Este inmovilismo y neutralización recíproca de la oposición patronal, es decir, su imposibilidad
para dirigir una salida a la crisis de régimen, permitieron recuperar terreno al
gobierno aunque acentuando sus características bonapartistas. La inviabilidad del régimen
constitucional y de la división de poderes obligaba al Ejecutivo a un mayor intervencionismo
y a gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia. Al lograr una
autonomía real a nivel de la superestructura política (Parlamento) el gobierno buscó
presentarse como árbitro frente a los diferentes sectores y clases en pugna que componen
su base social. Sin embargo, la autonomía del poder bonapartista con relación a la
burguesía dominante es pura apariencia, ya que el contenido concreto de la política ejecutada
por tal poder coincide con los intereses económicos sustanciales de la clase dominante.
Esto último fue finalmente comprendido por la burguesía en ocasión del decreto, enviado
por la presidenta CFK en diciembre de 2009, que habilitó al Ejecutivo a pagar los vencimientos
de la deuda externa utilizando las reservas del Banco Central, vulnerando así
su autonomía. A pesar de la oposición del entonces titular de la entidad, Martín
Redrado, y de los partidos de la oposición patronal, con el correr de los meses la burguesía
apoyó el pago de la deuda con reservas, entendiendo que ello ofrecía garantías
al capital financiero para la apertura de un nuevo ciclo de endeudamiento. Además de
permitir la valorización de mercado de la deuda pública, el principal rubro de beneficio
de los bancos en los últimos tiempos.
La tentativa bonapartista por un lado conciliaba con el imperialismo cumpliendo con las
obligaciones de deuda y por otro mantenía, aunque de manera precaria, el apoyo del
movimiento obrero a través de la burocracia sindical. Sirvió al gobierno para exhibir
ante la burguesía un principio de autoridad para remontar la crisis. Esta situación, sin
embargo, solamente se tornó viable a partir, nuevamente, de un hecho externo: la reversión
transitoria del ciclo de la crisis internacional que produjo un reingreso de capitales
especulativos a las llamadas economías emergentes. La gigantesca emisión de dinero de
la Reserva Federal norteamericana para rescatar a la banca se transformó en un fenomenal
negocio especulativo conocido como carry trade. Éste tiene lugar cuando los bancos
obtienen dinero a tasas bajas en determinadas plazas financieras —la Reserva Federal
prestó a tasa casi cero a los bancos de Wall Street— para prestar o invertir a tasas o rendimientos
muy superiores en otras, como es el caso de Argentina. El carry trade es siempre
una operación de corto plazo, para prevenir cualquier reversión de la situación, con
lo cual la situación económica del régimen, a pesar del ingreso de capitales, siguió siendo
profundamente inestable. Los que más se vieron beneficiados con esta situación fueron,
obviamente, los bancos que, como venía siendo una constante en los últimos tiempos,
cerraron 2010 liderando el ranking de sectores económicos con mayores ganancias.2
La transitoria recomposición política del kirchnerismo luego de la derrota de 2009 contribuyó
decisivamente al socavamiento de la oposición de derecha. Al avanzar en la normalización
con el capital financiero el gobierno terminó haciendo propios los planteos
de la oposición y, por esa vía, introdujo una cuña en ella. Parte del Peronismo Federal,
que se constituyó a partir de la crisis del campo, regresó a las filas del gobierno (De la
Sota en Córdoba, Reutemann en Santa Fe, Saadi y Barrionuevo en Catamarca), lo que le
permitió a éste recuperar fuerza en el parlamento. Por otro lado, el recurso de la Ley de
Medios, presentada por el gobierno como una lucha contra las corporaciones (Clarín),
sirvió para contener el apoyo político de la pequeña burguesía ilustrada que se había
sumado a las filas del gobierno durante el conflicto con el campo. Una verdadera impostura
si tenemos en cuenta que durante este período una fracción nada despreciable de
las corporaciones capitalistas internacionales, entre ellas mineras, petroleras y telefónicas,
se había entrelazado fuertemente con la camarilla oficial a través de múltiples negocios
y concesiones.
El carácter reaccionario de esta recomposición se manifestó en un reforzamiento de la
presión del capital y el Estado sobre la clase obrera, a través del aumento de los ritmos
y las horas extras, y la inflación imparable como vía indirecta para la reducción de los
salarios. Como correlato, el gobierno libró durante esta etapa un combate a muerte para
mantener y reforzar la regimentación de los sindicatos, a través de una burocracia integrada
al Estado e incluso empresarial, e impedir así la independencia sindical y política
de los trabajadores. Todas estas contradicciones sobre las que la tentativa bonapartista
del gobierno buscaba abrirse paso para sostener al régimen quedaron brutalmente de
manifiesto con el asesinato de Mariano Ferreya y la crisis política que inmediatamente
se desató.
Como un replay de lo sucedido hacía ocho años en el Puente Pueyrredón, la reacción
popular no se hizo esperar. Al día siguiente del asesinato una movilización multitudinaria
llenó la Plaza de Mayo para pedir justicia y repudiar a la burocracia sindical.
Inclusive fueron parte de la movilización sectores que simpatizaban con el gobierno,
pero que ahora veían que una política en tal sentido era incompatible con la burocracia
sindical que amparaba el kirchnerismo. El acto criminal desnudó a su vez todo el entramado
de la precarización y superexplotación laboral en que se había basado la recuperación
económica. La lucha de los tercerizados del ferrocarril que apoyaba Ferreyra rápidamente
se reveló como justa, ya que el propio gobierno tuvo que admitir el reclamo y
pasar a planta permanente al conjunto de los trabajadores que pedían estar encuadrados
en el convenio que les correspondía por su actividad. Esta situación implicó un
punto de inflexión política y en consecuencia un duro golpe a la tentativa bonapartista
y su capacidad de regimentar a un movimiento obrero cada vez más desafiante y que
comenzaba a desbordar a las direcciones burocráticas.
semana después de la crisis desatada por el crimen del militante del Partido Obrero
fallecía Néstor Kirchner por muerte natural. Algunos allegados al expresidente dejaron
entrever que la descompensación que lo llevó al deceso estaba directamente relacionada
con el profundo stress que le había ocasionado la muerte del joven militante. No
suena descabellado, teniendo en cuenta que nadie como él sabía mejor que un hecho de
esta magnitud podía terminar con la caída de un gobierno. El impacto que el asesinato
de Mariano Ferreyra tuvo en la opinión pública indudablemente trajo a la cabeza del
expresidente los fantasmas del Puente Pueyrredón, que retornaban ahora amenazando
seriamente las posibilidades de continuidad y perpetuación releccionista de su propio
gobierno.
Esta incapacidad para contener la protesta social bajo los métodos del bonapartismo iba
a profundizarse en los meses siguientes. Una serie de ocupaciones de tierras por parte
de pobladores de villas de emergencia (Parque Indoamericano) y pueblos originarios
(Qom) terminaron con brutales represiones y el asesinato de manifestantes, esta vez por
parte de las fuerzas de seguridad (nacionales y provinciales). Asimismo, esta situación
puso de manifiesto el fracaso de la política habitacional del gobierno para con los sectores
más necesitados luego de ocho años de vanagloriarse del crecimiento récord de la
economía. A estas represiones prosiguieron encarcelamientos (delegados del Roca y del
Sarmiento, entre otros), causas judiciales, y hasta el espionaje a reconocidos luchadores
sociales y sindicales de la izquierda (Proyecto X). Con la creciente criminalización de la
protesta social, el gobierno no sólo desempolvaba el programa de la derecha que la burguesía
le demandaba, sino que terminaba por reconocer el fracaso de la llamada “política
de derechos humanos”, poniendo así un punto final al relato mítico que había generado
en torno a ella. De ahora en más se hablaría de la “doctrina de seguridad democrática”
(Nilda Garré), la cual tendrá su máxima expresión hacia finales de 2011 con el voto
del gobierno en favor de la llamada Ley Antiterrorista que reclamaba el imperialismo.
El conjunto de contradicciones irresueltas, sobre las que el gobierno pretendía arbitrar,
se agudizó con los desequilibrios que provocaba la crisis global. Esto obligaba, para sostener
al régimen, a desandar el camino político que el mismo gobierno decía haberse trazado.
La reciente “recuperación” llevaba ahora a una crisis de la balanza comercial y de
pagos, como resultado principalmente del crecimiento de las importaciones y de la persistencia
de la fuga de capitales. A su vez el superávit fiscal comenzaba a extinguirse
como producto del incremento de los subsidios que sostenían al sistema de privatizadas
de los años noventa y el pago de capital e intereses de la deuda externa. A esto había que
sumarle la necesidad de importación de petróleo, que expresaba una agudización de la
crisis energética heredada por el vaciamiento de YPF iniciado en administraciones anteriores
pero que los Kirchner continuaron.
Frente a esta situación el gobierno de CFK se aprestaba a lograr una relección en las elecciones
presidenciales de 2011. El desafío político era poder sostener su contradictoria y
golpeada base de sustentación, desde la burocracia sindical acosada judicialmente que
buscaba salvarse a sí misma, pasando por los organismos de derechos humanos, golpeados
por reciente hechos represivos y el escándalo Schoklender, hasta los intendentes
del PJ que siempre hacían su propio juego. Una de las salidas que ensayó el gobierno es
el impulso de una fuerza política propia basada en la agrupación juvenil La Cámpora.
Sin embargo, una organización reciente, articulada desde el poder, que no tenía ningún
tipo de inserción entre las masas, ni siquiera en la juventud, no era capaz de sustituir a
las fuerzas que hasta ahora habían sostenido al gobierno. Fue entonces que éste se vio
empujado a habilitar las listas colectoras o “listas de adhesión”, que permitían sumar a
candidatos de las más diversas extracciones políticas e ideológicas detrás de la candidatura
presidencial de Cristina Kirchner. Esto incluso iba en contra de la propia reforma
política oficial, que pretendía concentrar la oferta de candidaturas o listas electorales. El
derrumbe del régimen se expresaba, nuevamente, en la situación explosiva de la economía
y en una creciente disgregación del partido de gobierno y una aún peor de la oposición
patronal. El gobierno buscó solapar esta situación en la campaña, al mejor estilo
noventista, haciendo eje en el crecimiento del consumo que se había desarrollado a través
del crédito. Es decir, un mayor consumo que no era la consecuencia de un mayor
poder adquisitivo sino de una expansión del crédito, lo cual alimentaba la inflación y el
desfasaje del peso respecto del dólar, encareciendo las mercaderías nacionales respecto
de las extranjeras.
Las elecciones de octubre dieron la reelección a CFK con el 54% de los votos y una diferencia
de 38 puntos sobre Hermes Binner (16%), el candidato del FAP, una variante del
centroizquierda que si bien no había ingresado al gobierno en numerosas ocasiones
había acompañado sus iniciativas políticas. Hermes Binner era uno de los gobernadores
que más se había beneficiado con el “modelo” y el boom de la soja. Las restantes candidaturas
de la oposición patronal no superaron el 12% de los votos. Esta crisis política de
la oposición, a partir de las derrotas que el gobierno le había propinado luego del conflicto
con campo, facilitó las cosas para que el kirchnerismo, a pesar de su propia crisis,
se presentase frente al conjunto de las clases como la alternativa menos impredecible y
por lo tanto capaz de garantizar cierta estabilidad frente a las turbulencias económicas
y sociales que la crisis capitalista mundial estaba generando en todos los países. Sin
embargo, esto último fue también, contradictoriamente, el terreno fértil para que
comience a estructurarse una oposición política al gobierno desde la izquierda revolucionaria.
La contracara de la apabullante victoria del kirchnerismo sobre “la derecha”,
fue, justamente, la importante votación lograda por las fuerzas de izquierda nucleadas
en el FIT (cuyo primer episodio había sido sortear las proscriptivas elecciones primarias),
permitiendo a la izquierda revolucionaria instalarse como una alternativa política
y una referencia popular frente a la crisis de régimen.
Luego del 54% los fuegos de artificio y los exabruptos verbales que vaticinaba un kirchnerismo
eterno duraron poco. En los meses siguientes las contradicciones en curso, que
el prolongado proceso electoral solo había logrado ralentizar, comenzarían a estallar
una tras otra.
Estertores del final
La tentativa “nacionalista” de recomponer el cuadro capitalista luego del derrumbe de
2001 comenzaba a agonizar y se disgregaba en el devenir de sus propias contradicciones.
El relato que auguraba la “profundización del modelo para avanzar en lo que falta”
rápidamente dio lugar al lenguaje metafórico de “la sintonía fina”, lo cual, a pesar de las
sutilezas, no significaba otra cosa que un enorme ajuste. El déficit fiscal, el agotamiento
de las cajas de la Anses y de las reservas del Banco Central, y la imparable fuga de capitales,
iban hacer estallar la política de subsidios a las privatizadas que hasta ahora había
sostenido el gobierno. El gasto de 80 mil millones de pesos que representaban los subsidios
obligó al gobierno recientemente reelecto a plantear una quita, que sería compensada
con aquello que los pulpos energéticos y del transporte venían reclamando hacía
rato: un “sinceramiento” de los precios, o sea, un aumento de tarifas e inminentes
impuestazos que pagaría la población. Un clásico: al fracaso de la regulación estatal proseguía
el “dejar hacer” de las leyes del mercado.
Por otra parte, la remanida idea de la presencia del Estado durante el período kirchnerista
no era otra cosa que el rescate, a través de los subsidios, del régimen de privatizaciones
heredado del menemismo. Un régimen totalmente fraudulento que durante diez
años sirvió para que los capitalistas se dedicaran a lucrar y a realizar nuevos negocios
con los subsidios millonarios, a la vez que desinvertían y vaciaban las empresas en cuestión.
La quiebra de todo este sistema y el fracaso de la “presencia del Estado” quedaron
al desnudo otra vez de la peor manera: el choque ferroviario de la estación Once, el 22
de febrero de 2012, que dejó un saldo de 51 muertos. Una verdadera masacre, teniendo
en cuenta las responsabilidades que cabían tanto al gobierno como a los empresarios en
el mantenimiento de los ferrocarriles.
El hundimiento final del kirchnerismo no solo se expresa en la necesidad de desarmar
las bases del “modelo” que decía representar sino, también, en la imposibilidad de realizar
este viraje capitalista sin desatar crisis aún mayores. En el plano político se han
multiplicado los choques con su propia base de sustentación: las dos más importantes
son las que protagoniza con el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el aparato del PJ,
y con la burocracia sindical ligada a Hugo Moyano. La exacerbación de la crisis y la posibilidad
concreta de un colapso del gobierno reclama un reforzamiento del poder bonapartista,
lo cual, a su vez, agudiza la lucha de intereses contradictorios entre las diversas
camarillas que sostienen al gobierno. El enfrentamiento con Moyano expresa que al
gobierno se le ha acabado el margen de maniobra para sostener una burocracia sindical
que reclama, para sostenerse a sí misma, un mínimo de independencia. Ahora, la necesidad
capitalista de imponer el ajuste con topes por debajo de la inflación a las recientes
paritarias, lleva al gobierno a buscar apoyo, a cambio de promoverlos a la dirección de
la CGT, en los dirigentes burocráticos más desprestigiados, denunciados por su complicidad
en las privatizaciones de lo años noventa (los “Gordos”) e inclusive por haber sido
colaboradores activos en la represión de la última dictadura militar (Gerardo Martinez
de la Uocra) o incluso presos, como José Pedraza.
En el cuadro de esta situación terminal, donde todo lo que aparentaba solidez comienza
a resquebrajarse, el gobierno intentará zafar nuevamente apelando a recursos
extraordinarios, políticos y financieros. La inviabilidad del “modelo”, ahora reconocida
por la misma presidenta, explica la reciente expropiación del 51% de las acciones de
Repsol YPF. Una medida de emergencia ante la imposibilidad económica de seguir
importando combustible y, por otro lado, la obtención de una nueva caja mientras las
otras se van agotando. El relato oficial intenta presentar esta medida como un acto de
soberanía nacional, pero, principalmente, como un signo vital del “modelo” a pesar de
su irreversible ruina. Se da de cabeza, de todas formas, con el discurso de la misma presidenta,
quien insistió en que no se trataba de una estatización sino de una medida que
mantenía el carácter de sociedad anónima de la empresa. La salida capitalista pergeñada
por el gobierno para YPF consiste en el ingreso de capitales imperialistas de otro
color a cambio de un aumento tarifario de los combustibles: es lo que acordó CFK con
Barack Obama en Cartagena, un día antes de la intervención. Y por lo cual Hillary
Clinton señaló, cuando le preguntaron qué opinaba sobre la expropiación, que “esperaba
que Argentina tenga un mercado energético abierto”. Es decir, abierto a los capitales
estadounidenses en perjuicio de su competidor español, quien durante el último período,
producto de la crisis que azota a Europa, se dedicó a remitir el 90% de las utilidades
a su casa matriz. Hay que señalar que al mismo tiempo que desinvertía Repsol le imponía
al país la importación de gas a precios internacionales y en su propio beneficio. Todo
esto, claro, con el aval del gobierno nacional que, paradójicamente, habla ahora de
“soberanía energética”.
Como se ve, en este cuadro general la expropiación parcial de YPF no significa ningún
paso adelante en la recuperación de los recursos nacionales: simplemente se trata de una
operación de rescate que el Estado hace de sí mismo, a la vez que se preparan las condiciones
para un nuevo saqueo del petróleo por parte de los monopolios extranjeros.
¿Cuál es el sentido sino las febriles reuniones del gobierno de CFK con Exxon, Total,
Chevron y Petrobras?
No se trata ya, entonces, de contraponer un “modelo productivo” a uno “neoliberal”: lo
que este derrumbe demuestra es que ha fracasado una vez más la tentativa de la burguesía
nacional de dirigir un proceso de desarrollo autónomo. Los ecos del relato kirchnerista
no alcanzan ya para detener la descomposición de toda la organización social
que intentó mantener en pie. Este es un proceso irreversible que, a diferencia de 2001, se
desenvuelve en el contexto de una crisis capitalista mundial imparable, que ha desarrollado
un conjunto de crisis políticas tanto en Europa como en los países árabes y puesto
fin a gobiernos del más diverso signo político. Al “proyecto” de los Kirchner no le
espera un futuro promisorio: por el contrario, los estertores del final ya han comenzado.
Notas
1 Un hecho que confirma su hostilidad a los sectores movilizados fue la organización de patotas afines a la gobernación
santacruceña para reprimir en 2002 los cacerolazos en Río Gallegos. En el grupo represor había varios funcionarios
del gobierno provincial de Néstor Kirchner, como el gerente de Servicios Públicos, José Luis Gómez, y
Rudy Ulloa, el ex chofer de Kirchner, luego devenido en poderoso empresario.
2 Este cuadro económico terminaba de correr el velo sobre una de las principales estafas ideológicas del kirchnerismo:
la del “modelo productivo”. Luego de siete años de crecimiento, la mentada industria nacional se reducía,
en lo esencial, a un sistema de armado de componentes producidos en el exterior.
