La decisión de la presidenta Cristina Kirchner de competir por su reelección revela una vez más la vocación de poder del oficialismo y profundiza el camino de una experiencia política inédita en la Argentina reciente. Si se le pregunta a un kirchnerista, dirá que en los próximos años espera que continúe en su cargo la actual jefa de Estado. Pongo entonces una pregunta sobre la mesa ¿qué lógica tendría en ese contexto una posible reforma constitucional?Resalto sólo algunas cosas novedosas del kirchnerismo, a la pasada:
Los presidentes importantes de la democracia argentina -Raúl Alfonsín y Carlos Menem- no tuvieron, a seis meses de finalizar sus períodos de gobierno, el respaldo que luego de ocho años de haberse iniciado la gestión kirchnerista.
Más allá de lo que indican las encuestas nacionales, basta señalar que Cristina Kirchner lidera hoy la intención de voto presidencial en la Ciudad de Buenos Aires, un territorio casi siempre hostil a las reelecciones y a los peronistas.
La buena imagen que la jefa de Estado mantiene en los sectores más postergados de la sociedad y en cierta parte de la clase media -no ocurre lo mismo a medida que se escala en la pirámide social- también marca lo inédito de la actual experiencia de gobierno.
Al finalizar su mandato, Alfonsín podía mantener el vínculo con algunos sectores medios, aunque ya no con los argentinos más empobrecidos, al tiempo acumuló desconfianza de los más acomodados. Menem, a su vez, amalgamó durante años a parte de los sectores empobrecidos con aquellos que disfrutaban de las mieles del uno a uno, aunque no logró hacer pie en los sectores medios.
La “buena onda” que el kirchnerismo mantiene con sectores juveniles a ocho años de haber empezado a caminar el país también debe ser notado como un rasgo distintivo con respecto a las experiencias de sus predecesores.
Ahora, veamos el horizonte y pensemos cuál sería la lógica de una reforma constitucional.
Al volver la mirada sobre Alfonsín y Menem, debería indicarse que ambos intentaron en sus períodos de gobierno la discusión de una reforma de la carta magna.
En medio de la crisis política que atravesó su gestión a fines de la década del 80, el primer presidente del actual período democrático buscó pasar a un régimen semi presidencialista que lo tuviera a él como primer ministro, por fuera del mecanismo del voto directo de los ciudadanos, pero con posibilidades de ejercer el poder. (Los que tengan ganas de discutir esto o se sientan ofendidos por la especie, sepan que se lo leí una vez a Joaquín Morales Solá y, como bien saben ustedes, Joaquín nunca miente).
Fue Carlos Menem quien avanzó finalmente con una reforma constitucional que proveyó el texto de la carta magna que rije en este momento, al que arribó tras un pacto con Alfonsín.
¿Por qué aquellos dos presidentes, que se mantuvieron poco menos de seis y algo más de diez años en el poder, respectivamente, tuvieron la posibilidad de plasmar su visión en un texto constitucional y no podría impulsar un debate similar el actual oficialismo, en caso de que la ciudadanía lo habilite a quedarse en el poder durante tres períodos consecutivos?
Si Cristina Kirchner es reelecta y decide poner en debate un texto constitucional, no haría más que avanzar en una línea que, durante estos últimos años, han puesto en práctica otros países latinoamericanos.
El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dijo que no trabaja en una reforma constitucional, aunque ratificó que es partidario de una que imponga un régimen parlamentario.
Los politólogos saben que en torno a esa materia existe una biblioteca dividida: algunas visiones señalan que un régimen basado en un Parlamento diluye las tensiones sociales, permite pactos duraderos y da pie a partidos fuertes, a coaliciones más firmes y a mayor estabilidad institucional.
Otros autores ponen en duda que todas sean bondades con un sistema parlamentario: hay que analizar por ejemplo el estallido del sistema político italiano a comienzos de la década del 90 para percibir algunas pistas de esta visión.
¿Sería la cuestión del parlamentarismo la única que podría tocar una reforma constitucional o también temas vinculados a la protección de nuevos derechos sociales y civiles, la situación de los recursos naturales, la distribución del ingreso, los esquemas de representación política, la coparticipación federal, la explotación agrícola?
Por el momento son apenas elucubraciones: habrá que ver cómo finaliza la carrera electoral y qué agenda se plantea para los próximos años, pero un cambio de la carta magna, si se analizan los pasos dados por la democracia iniciada en 1983, no debería espantar a nadie en la arena política.
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