¿Sobre cuántos muertos obliga ser oficialista –no hacerle el juego a la derecha– a mirar hacia otro lado?

Por Ernesto Tenembaum

La muerte de los otros




El jueves pasado, horas antes de la veda, los candidatos porteños realizaron sus respectivos cierres de campaña. Daniel Filmus lo hizo rodeado de muchos artistas e intelectuales que, con todo derecho, lo rodearon y apoyaron, en actos, solicitadas, spots y actuaciones, durante los últimos y ajetreados meses. Estaban, también, algunos dirigentes de derechos humanos. No hay nada de criticable en ello. Pero ese activismo electoral contrasta con un espacio que han dejado vacío en los últimos años. En esas horas, cuatro personas eran asesinadas en Jujuy, en medio de una escalada represiva que abarca todo el último año. El activismo político, notable, respetable, que muchos de nuestros artistas e intelectuales exhibieron en la campaña, en cambio, no se expresó en el reclamo de justicia, en la denuncia sobre las muertes por represión que se repiten mes tras mes durante el último año en la Argentina. Como si lo trascendente fuera quién gana las elecciones porteñas y no la pérdida de vidas de personas humildes, que sólo pelean por un lugar donde vivir. 

Uno dirá: es un detalle menor. 

Y probablemente lo sea. 

O vida hay una sola, y cada quien tiene derecho a manifestarse por lo que quiere. 

Y también tendría razón. 

Pero me parece que ese detalle es el último de una cadena de episodios que ha marcado a un sector importante del progresismo, y a muchos de sus más queridos artistas e intelectuales: su respetable decisión de apoyar a un gobierno, por momentos –no siempre, no a todos– moderó o silenció la habitual respuesta que tenían, en otros tiempos, frente a hechos tan dolorosos como la represión de la protesta social o, simplemente, la muerte de los otros. Ser oficialistas, naturalmente, obliga a calcular más lo que se dice, lo que se escribe, la protesta que uno ejerce. 

Pero, ¿cuánto más?, ¿cuál es el límite? ¿Shocklender? ¿Insfrán? ¿La represión en Jujuy? ¿En Río Negro? ¿En el Indoamericano? ¿Sobre cuántos muertos obliga ser oficialista –no hacerle el juego a la derecha– a mirar hacia otro lado? 

Este tipo de situaciones explica, de alguna manera, gran parte del debate que se produjo en el difuso sector llamado “progresismo” desde el 2003. Muchas personas sostienen que ese tipo de discusión comenzó durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando estalló la crisis de la 125. A mí me parece que viene de mucho antes. La primera vez que percibí que las aguas se dividían fue después de la tragedia de Cromañón. Habían muerto 200 pibes en una sola noche. Parte de la responsabilidad le correspondía al gobierno porteño y a la Policía Federal. La respuesta de las autoridades no había sido, precisamente, sensible. Y, sin embargo, los familiares marchaban solos, sin los artistas e intelectuales que siempre, hasta ese momento, habían acompañado a los familiares de otras víctimas. No sólo eso. Ante la discusión sobre si correspondía o no el juicio político al jefe de gobierno Aníbal Ibarra, muchos firmaron solicitadas defendiéndolo. 

A uno de ellos le pregunté por radio: 

–¿Te animás a imaginarte qué hubieras hecho si Cromañón hubiera ocurrido durante el mandato de Mauricio Macri? 

Me respondió con honestidad: 

–Hubiera estado en Plaza de Mayo, con los familiares, pidiendo el juicio político. 

De hecho, años después, la intelectualidad kirchnerista se sensibilizó mucho con hechos repudiables generados por el macrismo, como la UCEP, pero que tuvieron claramente efectos mucho menos dolorosos en términos de pérdida de vidas humanas. La UCEP o las designaciones de la Metropolitana sensibilizan mucho a artistas e intelectuales K. Pero ninguno de los muertos de los últimos meses tiene que ver con el macrismo sino, al contrario, con distintos sectores del Frente para la Victoria. 

Es como si la muerte no importara, por momentos, salvo en función de quién se perjudica con su denuncia. Si el responsable es “nuestro”, mejor ser prudente. Si es de “ellos”, allí estaremos con la solidaridad. 

No importa aquí dar nombres, porque todo el mundo puede equivocarse y más que nadie el autor de estas líneas. Pero hay algo de todo esto que parece no estar bien y que, en algún lugar, explica las muertes de estos días. Si la reacción social ante la muerte depende de quién la comete, y si ser oficialista implica repudiarlas en voz baja, entonces es obvio que el poder va a sentir cierta impunidad como para repetir una y otra vez el mismo método. Total, casi no tiene costo. Como sostuvo el ex director de Télam Martín Granovsky: “La inacción ante los asesinatos de Formosa permitió los asesinatos de Jujuy”. 

Otro momento muy llamativo de esta seguidilla ocurrió el 12 de diciembre del año pasado. El Gobierno había organizado un recital por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Dos meses antes una patota del sindicalismo oficialista, con apoyo de la Policía Federal, había asesinado a un militante. Un mes antes, una brigada de la policía formoseña había asesinado a un integrante de una comunidad indígena. Unos días antes la Policía Federal había reprimido brutalmente la toma del Indoamericano y provocado tres muertos más. En el recital –cuyo tema central era la defensa de los derechos humanos– no hubo una sola referencia a esa seguidilla que conmovía a cualquier persona sensible. Ni una. Uno de los artistas balbuceó algo... ¡contra Macri! (un lugar tan cómodo). Y nada más. La única excepción fue un extranjero, el líder de Calle 13, que apareció con el torso pintado con la leyenda “Justicia para Formosa, Ferreyra, Indoamericano”. 

Por supuesto que en todas estas historias hay excepciones. Nacha Guevara, por ejemplo, no sólo apoya al oficialismo sino que fue candidata en las elecciones del 2009. Pero se acercó a la protesta de los Qom en Plaza de Mayo. 

Pero las excepciones son pocas, y se mezclan con justificaciones, medias palabras, intentos por exculpar al gobierno nacional, conceptos políticos complejos. La claridad que muchos de estos referentes tienen cuando se trata de repudiar el asesinado de Carlos Fuentealba en Neuquén –cometido por la policía de Sobisch– o de recordar los asesinatos de Kosteki y Santillán –cuando estaba Duhalde en la presidencia– contrasta con el silencio en estos casos donde ni siquiera la mayoría puede pasar el test de recordar el nombre, por ejemplo, de la docente arrollada por la camioneta de un colaborador de Néstor Kirchner en el 2007, la primera violación a los derechos humanos seria que cometió un miembro de este gobierno. 

Con las muertes de Jujuy, ya se puede contar una docena de personas asesinadas por fuerzas de seguridad que maneja el gobierno nacional o sus seguidores y aliados en las provincias. En general, los seguidores del Gobierno destacan como un mérito la designación (siete años y medio después de llegar al gobierno) de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, como reacción frente a lo ocurrido en el Indoamericano y las detenciones de los capos sindicales involucrados en el asesinato de Ferreyra. Es tan verdad eso, como que esos asesinatos ocurrieron siete años y medio después de la asunción del kirchnerismo, y que ningún funcionario pagó costos políticos por el hecho. Por ejemplo, en Jujuy acaba de renunciar el ministro de Gobierno. ¿Hace falta recordar que quien conducía de hecho a la policía cuando se produjo el asesinato de Ferreyra, y que negó la existencia de una zona liberada comprobada ahora por la Justicia, sigue siendo jefe de Gabinete y será primer candidato a senador nacional por el FPV en las próximas elecciones? 

Hay diversas maneras de ser oficialistas. Marcelo Saín y Silvia Vázquez, por ejemplo, apoyan al gobierno nacional pero no consienten en moderar sus voces frente a estos atropellos. 

Muchos de nuestros artistas e intelectuales, los más queridos, los más respetados, los más conmovedores, parecen haber entendido que el apoyo a un gobierno se combina con medias palabras frente a hechos terribles. O quizá sólo sea cuestión de tiempo, porque los episodios del último año fueron demasiado vertiginosos. Demasiados muertos en demasiado poco tiempo como para poder procesarlo rápidamente. 

Por otro lado, tienen todo el derecho del mundo a pensar y hacer lo que quieran. 

En serio lo digo. 

Y también a equivocarse. 

Es un signo de estos tiempos. 

Todos podemos equivocarnos.

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