La hipocresía de la inflación
Hace dos semanas la Presidenta anunció una nueva suba en la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo monto pasó de los $220 (establecido en septiembre de 2010) a los $270 actuales. Los beneficiarios del programa ven así compensado un 65% del incremento en el costo de los alimentos que debieron padecer en dicho lapso. Se trata, sin dudas, de una buena nueva: poder mejorar la situación de quienes menos recursos tienen es casi el primer deber de una sociedad como la argentina. Sin embargo, el objetivo debe ser profundizar esa dinámica de manera sostenida. Es casi tan nocivo defender un crecimiento excluyente con la excusa de que el derrame hacia los más necesitados eventualmente llegará, como tomar medidas que sólo alivian temporalmente su situación para que luego vuelvan a padecer los problemas de siempre.
La AUH es un programa extraordinario; y, más allá de quién lo propuso, el gran mérito del gobierno nacional es haberlo implementado, desterrando para siempre -esperemos- de la cabeza de muchos la percepción de que era imposible destinar esa cantidad de recursos para dicho fin. Hoy no hay voces dentro del espectro político que se atrevan a cuestionar esa fenomenal herramienta de inclusión. Aun así, poco tenemos para celebrar: que un país como el nuestro precise de un esquema de complemento de ingreso tan amplio es la evidencia más contundente del fracaso de décadas de política económica. Y que a pesar de su existencia todavía haya más de nueve millones de compatriotas sumidos en la pobreza (la misma cifra que en 1995) resulta vergonzoso e inaceptable.
Terminar definitivamente con esta situación debería ser nuestra meta excluyente. Pero ello requiere no sólo comprometerse con el objetivo sino también enfocar todos los instrumentos económicos y sociales hacia tal fin. La mera declamación de intención no resuelve el problema, como tampoco lo puede lograr la utilización de recursos fiscales sin un marco económico que contribuya a magnificar el efecto de esa erogación. Este es sin dudas el principal inconveniente actual: gastamos 12 mil millones de pesos (0,5% del PBI) en la AUH pero el aumento de precios erosiona permanentemente su impacto.
Supongamos por un instante que el nivel actual de beneficios se mantiene por 12 meses y que el costo de alimentarse repite el comportamiento que mostró desde el inicio del programa. En ese caso, el valor real que percibirán los beneficiarios al final de ese período será en realidad equivalente a 200 pesos actuales -en lugar de los 270-. Haciendo el cálculo para la totalidad del programa, la inflación le permitirá al gobierno un ahorro anual de 1.900 millones de pesos con respecto a lo que habría sido si se hubiera mantenido actualizado el beneficio original o, lo que es lo mismo, si no hubiera inflación.
Pero el aumento sistemático de precios que padecemos cotidianamente está generado por la propia política económica, lo que revela un costado hipócrita del anuncio. La inflación aumenta la recaudación del gobierno mes a mes a la vez que va licuando el valor real de muchos de sus gastos hasta el momento que se producen los ajustes. Al igual que ocurre con la AUH, en este ejercicio de discreción el Gobierno se hace con un neto de 3.500 millones de pesos por cada punto de inflación. Y esta es sólo una de las fuentes de recursos que el aumento de precios le provee al Gobierno. Quizás por esta razón no sea de extrañar que el Banco Central vaya a terminar el año habiendo emitido casi 50.000 mil millones de pesos, aumentando 32% la cantidad de billetes y monedas que circulan en la calle.
Más allá de los discursos o de las posiciones supuestamente progresistas más altisonantes es importante detectar desde un enfoque más sistémico si estamos concentrados realmente en la meta de terminar con la pobreza. Es decir, cuál es el impacto de la totalidad de las políticas y también si las mejores de ellas pueden ser sostenidas a través del tiempo. Fui asesor del Presidente del BCRA -por entonces Alfonso Prat Gay- desde diciembre de 2002 hasta junio de 2004. En ese tiempo se comenzó a editar el Informe de Inflación, quizás la publicación más importante de los bancos centrales modernos. En el correspondiente al primer trimestre de 2004 se puede leer lo siguiente: ".no hay una medida más determinante del éxito de la política económica que la evolución del número de pobres e indigentes.. Dados los actuales niveles de (ciertas variables) cada punto de aumento del PIB real significa una caída de aproximadamente 280 mil en el número de pobres...(Y) por cada punto de inflación por debajo de lo proyectado, se estima que el número de pobres cae en 150 mil. De cumplirse un crecimiento (.) del 8% en 2004 y una inflación minorista en torno al 6%, el número de pobres caería 1,7 millones más que en el escenario previsto en (.) el presupuesto. Este simple cálculo demuestra que cuanto más rápido se pueda crecer sin afectar la tasa de inflación de largo plazo, mejor estarán los argentinos más perjudicados por la crisis".
Esta sana perspectiva fue paulatinamente dejada de lado. La evolución de los últimos años pone en evidencia que, cuando la inflación es elevada, el crecimiento económico no resulta una condición suficiente para reducir la pobreza y la indigencia. De hecho, en 2010-11 su impacto resulta tres veces inferior al que tuvo entre 2003-07: mientras en aquellos años cada punto de crecimiento reducía en 200 mil el número de pobres, en la actualidad esa cifra es de tan sólo 60 mil. Y los indigentes habrán aumentado aún cuando la actividad continúe expandiéndose.
Quizás para algunos pueda resultar sorprendente que un banco central, cuyo rol está vinculado con el sistema financiero, se manifestara institucionalmente de esa manera. Pero no lo es cuando se interpreta su responsabilidad en sentido amplio, como corresponde. Sí en cambio es paradójico que se tilde aquel enfoque como ortodoxo o conservador, y al actual como heterodoxo y progresista. Es que a veces declamar a viva voz los principios puede resultar más sencillo y funcional que sostenerlos..
