Cualquier desencuentro con el kirchnerismo, se tenga o no la razón, se paga de modo personal.




Mal momento para la indisciplina







Los compañeros de Walter Brun, vicecomodoro de la Fuerza Aérea, quedaron sorprendidos la semana pasada. A pesar de que sus jefes habían mandado el pliego al Congreso, la propuesta de ascenderlo a comodoro volvió rechazada. Y eso que era el mejor promedio de su promoción. Brun tal vez deberá hurgar en sus antecedentes. Uno en particular: el 11 de octubre de 2011 protagonizó un escándalo con Diego Machado, secretario privado de Débora Giorgi.
La historia es conocida. Como consecuencia del mal tiempo, la ministra no había podido aterrizar en Venado Tuerto y participar de un acto para el que había trabajado meses: la presentación del Plan Industrial 2020, con Cristina Kirchner. Cuando se aprestaba a bajar, el piloto del Fokker 27 levantó motores y decidió volver a Aeroparque. El de Venado Tuerto es un aeródromo público no controlado -es decir, sin torre-, con una pista de 30 por 1500 metros y sólo operable con reglas de vuelo visual (VFR, por sus siglas en inglés). En condiciones de VFR, el techo de nubes mínimo para descender son los 1500 pies. Aunque otros aviones ya lo habían hecho, en ese momento el techo era de 400 pies.
El cambio de destino molestó a los pasajeros. Guillermo Moreno, por ejemplo, exigió aterrizar desoyendo los manuales. No tuvo éxito. Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Nación, le daba en cambio la razón al comandante: "Volvamos". Cuando el Fokker regresó a Aeroparque, el secretario de Giorgi, corpulento y de poca paciencia, increpó al jefe de la agrupación aérea. Era Brun, que respaldó al piloto. "Milicos de mierda", dijo Machado, y le dio un manotazo. "Me siento discriminado", contestó el militar, la camisa rota de tanto forcejeo, y avisó que presentaría una denuncia en el Inadi.
Aquella media vuelta avalada por Brun puede haber frustrado, ironía aeronáutica, su despegue profesional. Y supone además una metáfora del dilema que enfrentan empresarios y dirigentes sindicales: mejor no levantar la cabeza, porque cualquier desencuentro con el kirchnerismo, se tenga o no la razón, se paga de modo personal.
Algo de esto se planteó el 22 del mes pasado, dos días después del paro de Hugo Moyano, en la sede de Luz y Fuerza. La CGT oficialista quería evaluar la protesta y sus consecuencias. Carlos West Ocampo, el más crudo y locuaz, se trenzó en una discusión con Andrés Rodríguez, de UPCN, y se preguntó qué beneficio reportaba finalmente permanecer entre los aliados. "El Gobierno nos está entreteniendo", dijo el de sanidad. Intervino entonces Gerardo Martínez, que respaldó a Rodríguez y recibió otro sablazo de West Ocampo: "Callate, vos sos del Batallón 601. Lo dicen tus aliados del Gobierno". Roberto Fernández, de la UTA, concluyó: "El paro fue un parazo. Los que no adherían no pudieron evitarlo: no había colectivos y las fábricas estaban cerradas".
Decir que los empresarios viven una situación análoga sería injusto con los gremios: en elestablishment ni siquiera ensayan reacciones. Aunque tengan desvelos significativos, como la ley del mercado de capitales que aprobó el Congreso y se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Resultó un descuido de las corporaciones: el artículo 20 de ley, que incluye la posibilidad de que un accionista minoritario le pida a la Comisión de Valores suspender por 180 días al controlante por cualquier motivo, fue agregado a último momento y sin aviso por el diputado Roberto Feletti. Esa tarde, horas antes de aprobarlo, Adrián Cosentino, secretario de Finanzas, le había mandado el proyecto a Adelmo Gabbi, líder de la Bolsa, para que la entidad aportara sus objeciones. La Bolsa no propuso más de cinco que, aun así, fueron desoídas.
Los empresarios ven en ese artículo el germen de nuevas intervenciones. Dejará en desventaja, dicen, a aquellas compañías que salgan al mercado de capitales. El día menos pensado, por ejemplo, un pequeño accionista de Tenaris le exigirá a Paolo Rocca que compre su parte al triple del valor bajo amenaza de pedir la intervención. No es casual que Riveiro, la firma de electrodomésticos que había iniciado los trámites para cotizar en bolsa, haya desechado ahora la oportunidad.
José Ignacio de Mendiguren, líder de la Unión Industrial, le transmitió en un acto la inquietud a Hernán Lorenzino. "Queremos promover un mercado de capitales fuerte -le dijo-. El resto de la ley es elogiable, pero esto va a producir un efecto contrario del que se proponen." El ministro de Economía le contestó que esos riesgos se saldarían con la reglamentación. No convenció.
Viene un año difícil, coinciden todos. La Bolsa y la UIA, por caso, tienen elecciones en abril. ¿Habrá alguien dispuesto a asumir? Será motivo de conversación el 19 de enero, delante del cordero deshuesado con que Jorge Brito suele agasajar en Mamá Ganso, su casa de Punta del Este. Es cierto que esa repentina desaprensión por los cargos no involucra sólo a empresarios. Colaboradores de Daniel Scioli ya proponen postergar las elecciones del PJ, previstas para el 31 de marzo. Creen que cualquier peronista tiene allí todo para perder: el que gana se desgasta antes de 2015. Por eso el gobernador pidió a su tropa bajar el nivel de exposición y conflictividad.
Pero es el kirchnerismo el que no descansa y propone los temas. ¿Cómo resguardarse de la iniciativa ajena? Descartado el Poder Legislativo como contrapeso, los empresarios miran ahora a la Justicia: se acerca un año con propensión a las medidas cautelares. Es probable que, obsesionado por Clarín y la Rural, al Gobierno se le haya pasado que el viernes vence el plazo de 90 días hábiles del recurso administrativo presentado por Shell contra el decreto 1277, que faculta al Poder Ejecutivo a regular precios, exportaciones, importaciones, disponibilidad de crudo y divisas de las petroleras. La compañía irá a la Justicia. Juan José Aranguren, su presidente, el ingeniero que recibió 57 causas penales del Gobierno en su contra y que hasta ahora obtuvo la razón en todas, suele decir que en la Argentina no hay inseguridad jurídica, sino administrativa.
La dificultad para el Gobierno es que los tiempos de la Justicia enfrían el fervor militante. Ya se frustró su 7 de diciembre. Será cuestión de multiplicar las epopeyas: venía planeando el avance sobre la Rural hacía seis meses, pese a que descuenta que, incluso con el rechazo de la medida cautelar de ayer, algún juez extenderá los plazos. ¿Cuál será la próxima aventura?, se preguntan en las cámaras.
Es inevitable que este modo de concebir el poder exija euforia partidaria y sobreactuación empresarial. Por eso los hechos importan bastante menos que las interpretaciones. Antes que dejarla desparramar elogios a Aerolíneas, alguien podría haberle dado el jueves a la Presidenta datos del sector. "Todas, hoy, en el mundo, todas, absolutamente todas las líneas aéreas son deficitarias -dijo-. Tiene que ver el aumento de combustible, tiene que ver determinadas formas de turismo, tienen que ver muchísimas cosas." Una recorrida por las cotizantes muestra que, entre enero y septiembre de este año, muchas tuvieron ganancias: Delta (1003 millones de dólares), Avianca-Taca (95 millones), Aeroméxico (57 millones), Latam (LAN y TAM, 62 millones), Copa Airlines (240 millones), Lufthansa (658 millones) y Air New Zealand (68 millones), entre unas 20 con beneficios.
A veces todos somos Débora Giorgi. La realidad nos obliga a aterrizar en aeropuertos bastante menos atractivos que aquel con el que soñábamos.




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