Hay que gritar que se apliquen todas las leyes. Todas menos una: la ley de la selva.




La peor ley de la selva – 3 de abril 2014




La sociedad y la democracia deben encender todas sus luces rojas. Deben sonar todas las alarmas de peligro. Hay síntomas de salvajismo que nos deben hacer reflexionar. La seguidilla de situaciones predemocráticas se han convertido en una tragedia colectiva. Los lichamientos y las palizas callejeras nos hacen descender al infierno de la condición humana. Hay algo muy profundo que se quiebra. Hay pocas cosas tan incontrolables y tan despreciables como un horda desaforada que mata a patadas a un semejante. Que le pegan en el suelo ciudadanos que tal vez nunca mataron ni una mosca. Estamos ante un síntoma de una grave enfermedad. Y la tenemos que diagnosticar cuanto antes. Y encontrar el mejor remedio. Sería bueno que fijemos un par de valores que deben ser pilares de la vida civilizada y en comunidad. Nadie, salvo el estado, tiene derecho a tomar la justicia en sus manos. El monopolio de la fuerza en una República es del estado. Es cierto que los delincuentes envalentonados le robaron parte de ese monopolio a un estado bobo y que muchos vecinos también se apropiaron de la potestad de ejercer violencia hartos de ser víctimas y de tanta impunidad. Pero que quede claro: Nadie, por mas víctima que sea tiene derecho a vengarse. Nadie debe fomentar el ojo por ojo y el diente por diente. Por ese camino, a la larga la sociedad se queda ciega. El sistema democrático se inventó entre otras cosas para terminar con eso. Para no resolver a los palazos, a las patadas o a los tiros los conflictos que se generan todos los días.
Hay que decir con toda claridad y sin medias tintas que el que mata es un asesino. El único atenuante es la defensa propia en situación extrema. Nada justifica el linchamiento. Es condenable y repudiable por donde se lo mire. Se puede tratar de entender que es lo que pasa para evitar que semejantes irracionalidades se conviertan en cosa de todos los días. Se puede comprender que la ausencia del estado para proteger y cuidar a sus ciudadanos produzca pánico e indignación. Y que esa mezcla explosiva vomite lo peor de nosotros. Comprendo profundamente el dolor y las ansias de pagar con la misma moneda que invaden a alguien que fue asaltado y mucho mas a alquien al que le matan un hijo o un padre. El desgarro en el alma no tiene fin y en ese corazón crecen muchas veces los sentimientos mas nefastos. Pero hay que tomar conciencia y hacer docencia. Y no jugar a la política chiquita con estos temas tan graves y profundos. Ahí andan los escribas a sueldo de Cristina tratando de hacer responsables de estas bajezas a los opositores que rechazaron el ante proyecto del código penal. Dicen que agitaron la demagogia y el miedo y las consecuencias están a la vista. Se trata de una falacia gigantesca. No resiste el menor análisis racional. Primero que ese necesario y bienvenido debate político ocurrió hace un par de semanas. No hay en las sociedades causas y efectos tan rápido. Para que un grupo de personas entre en erupción criminal necesitan un tiempo mas largo donde se vayan sembrando los pensamientos aterradores. Donde una madre o un padre no pueda dormir pensando la próxima víctima soy yo. O cuando ve que hay malandras que son detenidos una docena de veces y en menos de media hora ya están libres en la calle, listos para cometer nuevas salvajadas. Esto es una consecuencia de la negación permanente del tema por parte del gobierno nacional. De la subestimación permanente de este drama que es bien concreto y está muy lejos de ser una sensación. Es la ausencia del estado, el ocultamiento de la realidad, la manipulación de las cifras del delito y una mirada dogmática que ignora el tema que mas preocupa a los argentinos en todas las encuestas. Es ese estado que desprotege y desampara el que parió los linchamientos.

 Son esos gobernantes que no toman decisiones y no aciertan a resolver el delito permanente que crece y se tranforma cada vez con mayor crueldad sanguinaria producto de los que consumen y de los que trafican droga. El gobierno nunca se hizo cargo, Cristina casi ni mencionó el tema porque lo considera una preocupación de la derecha y un caballo de troya de los medios destituyentes. Y no es cierto. La única verdad es la realidad, deberían saberlo. Y la realidad es que la inseguridad se viralizó. Que adquirió grandes dimensiones. Y que muchos compatriotas sienten que el estado que debe protegerlos no hace nada por ellos. Y que por momentos piensa mas en como proteger a los delincuentes que a los ciudadanos honestos y trabajadores. El estado estuvo ausente cuando David Moreyra intentó robar como dicen algunos testigos. Y el estado estuvo ausente cuando la turba lo asesinó a patadas. A ningún ciudadano se le cruzaría jamas por la cabeza hacer justicia por mano propia si los encargados de hacer justicia hacen bien su trabajo. Ojo con esto. Hay que repudiar con toda contudencia cualquier actitud de este tipo. Pero hay que exigirle al estado que protega a sus ciudadanos. Hay que gritar que se apliquen todas las leyes. Todas menos una: la ley de la selva.

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