La red de corrupción que rodea a las empresas de la Presidenta amenaza con transformar las últimas estrofas del cantar de gesta kirchnerista en una crónica policial muy poco estimulante.
Pero esa degradación estética es sólo una de las consecuencias que desencadenó Claudio Bonadio con el allanamiento de Hotesur. Esa crisis está agravada por algunos rasgos incorregibles de la política oficial.
Una de esas peculiaridades es la vocación por constituir un monopolio de poder. Sólo un líder que soñó reinar durante un cuarto de siglo, como Néstor Kirchner, pudo haber montado un esquema de negocios tan desprolijo como el que está saliendo a la luz. Las revelaciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar sobre tráfico con bolsos de dinero se produjeron, según el programa de alternancia conyugal, durante el que iba a ser el segundo período del "pingüino".
El año que viene gobernaría de nuevo la "pingüina". Y había que contemplar, por lo menos, un mandato más. Iban por todo. Para semejante duración no hacían falta precauciones. Es la única manera de explicar que el contratista al que se le adjudicaba casi toda la obra pública santacruceña suscribiera contratos con los hoteles del gobernador. Y que esas transacciones se extendieran a la escala nacional. Quizás aún no hayan aparecido los capítulos más inquietantes de esta historia. Lázaro Báez tendría hoy dificultades para justificar qué destino tuvieron algunos pagos adelantados por sus trabajos. Sería inconcebible que ese destino haya sido el bolsillo del funcionario que se los asignaba.
Esa ilusión de eternidad, que el fracaso electoral de 2013 vino a disolver, se reforzó con un rasgo de carácter: Néstor Kirchner no podía delegar responsabilidades. Los datos que van apareciendo demuestran que el submundo de los negocios familiares se regía por los mismos criterios que regulan el Gobierno. El más importante, una absoluta desconfianza. También para sus intereses privados Kirchner privilegió la subordinación absoluta por sobre la capacidad. De otro modo, es impensable que la administración de un flujo de dinero cada vez más caudaloso quedara en manos de gerentes tan rudimentarios como Báez o Cristóbal López.
El orden privado se manejó como el público. Sólo el ex presidente conocía el mapa completo de su imperio. Los sótanos del kirchnerismo están poblados de leyendas que remiten unas a otras. Cuando la asistente de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, relató que el secretario privado Daniel Muñoz organizaba el transporte de valijas con billetes de la Casa Rosada a Olivos confirmó sin proponérselo lo que cuentan empresarios del transporte: que los presuntos retornos por los subsidios que recibían debían ponerse en manos de Muñoz o de Ricardo Jaime.
Kirchner ocultaba a su familia muchísimos detalles. Quedó claro durante aquella reunión con López y Báez que su esposa organizó a los pocos días de su fallecimiento y cuya filtración hizo arder Troya. O este episodio, que refieren allegados a la Presidenta y que titubea entre lo real y lo fantástico: días después de la muerte de su esposo, ella fue llevada por dos secretarios hasta el armero del polígono de tiro que Alberto Kohan hizo construir en Olivos, donde le mostraron una pila de bolsos repletos de dinero. La reacción fue cinematográfica: Cristina Kirchner habría ordenado quemar ese tesoro, pero los secretarios, después de consultar con otros herederos, no le habrían hecho caso.
Estas narraciones, que encumbrados peronistas dan por ciertas, ayudan a entender las consecuencias del prematuro deceso de Kirchner sobre la intimidad de su economía. Mucha información sensible quedó en custodia de colaboradores apartados por la viuda, como Muñoz, Jaime o Quiroga. Durante un tiempo, Julio De Vido se encargó de frecuentarlos. Pero también él entró en conflicto. Jaime, por ejemplo, conoce las gestiones que realizó De Vido ante el juez Bonadio, a través del abogado Alfredo Lijo, para que el castigo por la masacre de Once se detuviera en los secretarios de Transporte. La falta de solidaridad puede perjudicar a De Vido. No sólo con Jaime. También con Bonadio. Cuando el juez quiso sensibilizar al ministro, apelando al mismo Lijo, sobre el acoso al que lo sometía el Gobierno, recibió como respuesta un "no puedo hacer nada". No llegó tan lejos como Julián Álvarez, el secretario de Justicia, cuando sentenció que, en el caso del auto adulterado, "Boudou está bien procesado".
El resquebrajamiento de las complicidades hace temer a algunos empresarios que, por falta de templanza o por despecho, algún colaborador de Kirchner se quiebre en tribunales. Por ejemplo: De Vido debería tener algún control sobre Omar "Caballo" Suárez, el sindicalista marítimo cuyo procesamiento podría traer complicaciones. Suárez fue decisivo en la importación de combustibles, acaso el negocio más controvertido que pasó por las manos de De Vido y que terminó poniéndolo bajo sospecha delante de la propia Presidenta.
De Vido fantasea con colocar la gestión de la obra pública, que está en el ojo de la tormenta judicial, bajo el amparo de la Iglesia. Hace una semana, en una entrega de subsidios del programa Enamorar y después de elogiar el encuentro entre el papa Francisco y el patriarca Bartolomeu, explicó que el amor que predican las religiones se contrapone con el odio de los que quieren quebrar la fe del pueblo en Néstor y Cristina Kirchner. Y ese odio, siguió catequizando, se debe a que el Gobierno lleva adelante una renovación similar a la que Jorge Bergoglio puso en marcha en la Iglesia. De Vido llamó a su ensalada "ecumenismo".
El kirchnerismo también está pagando en el terreno penal la ignorancia del contexto global en el que debió moverse. Las políticas antiterroristas y el avance de la informática volvieron mucho más complejas las manualidades con dinero mal habido. Los menemistas, que fueron más sofisticados para la acumulación de su riqueza, se movían en un mundo menos hostil para la corrupción. Kirchner no entendió el cambio de época.
Hay otro filo del "vamos por todo" con el que el Gobierno se lastima: la vocación por arrasar con la prensa y con los jueces. Sólo un gobierno que no tiene conciencia clara de su propio nivel de corrupción emprende esas batallas. Cristina Kirchner mantuvo la incomunicación con el periodismo independiente y, como la escuadra de medios oficiales que montó no tiene rating, su gobierno quedó aislado.
A este desacierto agregó la guerra judicial. La semana que pasó, la Casa Rosada tuvo una mala noticia: el juez Sebastián Casanello, en quien La Cámpora cifraba sus expectativas, se alineó con el resto del fuero federal. En la Secretaría de Justicia esperaban que Casanello activara una vieja causa contra Bonadio. Pero el juez, después de una reunión con un colega, defraudó a sus amigos. Casanello investiga, igual que Bonadio y Javier López Biscayart, las finanzas de Lázaro Báez.
Después de esa entrevista, durante un encuentro más amplio en el edificio de Comodoro Py, los magistrados se conjuraron: "Nuestro límite somos nosotros mismos". Con una autoindulgencia acaso exagerada, estos jueces se llaman a sí mismos "Doce apóstoles". Es curioso que la Presidenta los enfrente cuando más los necesita. La reforma del procedimiento penal se propone debilitarlos. No debería sorprender, entonces, que durante los próximos cuatro meses haya más funcionarios procesados. Ni que lluevan, con un guiño de la Corte, recursos de amparo contra el nuevo código. En ese caso, la reforma procesal correría el riesgo de la ley de medios o la democratización de la Justicia: volverse inaplicable.
Hay otra característica del kirchnerismo que también se pone en juego en esta crisis. La pretensión de diseñar un país binario organizado por conflictos: periodismo militante vs. corpo; justicia legítima vs. justicia tradicional; CGE vs. UIA; Convocatoria Social vs. Foro Convergencia Empresarial, etc. Con esta lógica, a la presunción de una operación de lavado de dinero a través de hoteles familiares se le opone un caso, en apariencia, similar: la divulgación de un mar de datos, en muchos casos falsos, sobre cuentas del HSBC de Suiza.
Pero este avance de la AFIP encontró dificultades. Las irregularidades denunciadas prescriben en enero. Y no fue fácil sacar del medio a López Biscayart, otro juez que investiga la contabilidad de Báez. El responsable penal de la AFIP se negó a recusarlo. Hubo que recurrir al área contencioso administrativa.
Los funcionarios temen por las consecuencias de poner la información fiscal al servicio de disputas políticas. El juez federal Luis Rodríguez ya procesó a tres empleados de la AFIP por haber filtrado a Página 12 información secreta sobre Francisco de Narváez. Fue en 2009, para beneficiar a la lista testimonial de Kirchner, Scioli y Massa. La Cámara confirmó el procesamiento.
A los líderes que dejan el poder las palancas se les comienzan a atascar. La semana pasada hubo otro indicio de que Cristina Kirchner ya no controla todo: entre los que aplaudieron a Scioli en la presentación de su autobiografía de campaña estuvo Carlos Stornelli. Es el fiscal que investiga los movimientos de Hotesur.
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