CFK, por el camino de Menem

La Presidenta, por el camino de Menem


La Presidenta encubrió e intentó desincriminar a los ocho sospechosos iraníes acusados de volar la AMIA y asesinar a ochenta y cinco personas. Lo hizo al impulsar un memorándum de entendimiento cuyo objetivo era mejorar la relación política y económica con Irán. Ella es responsable, porque interfirió en un juicio abierto donde aquellos sospechosos iraníes todavía no habían declarado y pendían sobre sus cabezas las alertas rojas de Interpol. Que la orden de la Presidenta de firmar el memorándum se haya transformado en ley no la hace menos responsable, sino todavía más. Porque habría impulsado una ley abiertamente inconstitucional. La Presidenta, quien en su momento declaró como testigo en la causa AMIA –igual que Jaime Stiuso– sabía que uno de los sospechosos, el exagregado cutural en la Argentina, Moshen Rabanni, fue registrado como uno de los presuntos responsables del atentado contra la AMIA. Rabani había preguntado, meses antes del atentado, por el precio de una trafic, en una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires de la calle Juan B. Justo.

De todo esto estaba convencido el fiscal Alberto Nisman y estaba dispuesto a contarlo, con lujo de detalles, a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. De todo esto, también está convencido ahora Gerardo Pollicita, y por eso imputó a Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional de La Cámpora, Andrés Larroque, el dirigente social Luis D’ Elía y el dirigente islámico Jorge Alejandro Khalil. Que Nisman, como parte de su denuncia, haya pedido tomarle declaración indagatoria a la Presidenta y Pollicita solo imputarla es solo un matiz de estrategia procesal. Y el regreso de Daniel Rafecas, el juez federal que salió sorteado para hacerse cargo de la causa, no hará más que mantener el asunto en la agenda pública y también durante la campaña electoral. Si la respuesta oficial del gobierno es ignorar los hechos y descalificar a los fiscales y a los jueces se seguirá hundiendo en el barro. La chapucería del secretario general de la Presidencia Aníbal Fernández, es insuficiente, y hasta contraproducente, para neutralizar la ofensiva judicial. Es verdad que la presentación de Nisman no era perfecta, pero ninguna denuncia lo es. Y también es cierto que muchas veces, para impulsar una investigación judicial, solo se necesita de una sospecha, un indicio y hasta un anónimo.

Con menos que eso se inició la causa de la Banelco contra el expresidente Fernando De la Rúa. Sin embargo, si pretende descalificar a Pollicita, al oficialismo le va a costar un poco más. Se trata de uno de los fiscales más experimentados y de más extensa trayectoria.

Conoce los procedimientos como pocos. Ha tenido entre sus manos causas que queman y se ha plantado frente a jueces federales con igual o más experiencia que él cuando se negaron a ejecutar sin razón las medidas de pruebas que pidió. Ahora el gobierno en general y la Presidenta en particular se encuentran en el peor de los mundos. Nada parece indicar que Rafecas se anime a contradecir la posición original de Nisman, convalidada por Pollicita y en pleno desarrollo de la investigación. Rafecas tiene una muy buena relación con la comunidad judía en general. Además, escribió un libro sobre la Shoá. Y, hasta donde se sabe, es uno de los hombres de la justicia que abona la teoría de que los responsables del atentado contra la AMIA fueron ex funcionarios iraníes. Eso no significa, necesariamente, que Cristina Fernández deba ser condenada. Significa que deberá recorrer un largo derrotero por los pasillos de Comodoro Py, quizá, más allá del final de su mandato.

De la misma manera que lo tuvieron que hacer De la Rúa y el expresidente Carlos Menem, un aliado de privilegio del gobierno en el Senado. Cristina Fernández tiene varios problemas adicionales. Uno es que, antes de entregar la banda presidencial, deberá pronunciarse sobre la situación procesal de su vicepresidente, Amado Boudou, porque la Cámara ratificará en pocos días cada una de las acusaciones que le hizo el juez Ariel Lijo, incluidas las de cohecho.

El otro es que la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio tarde o temprano afectará a su hijo Máximo, en el que la Presidente había depositado las banderas del futuro de su movimiento político. En un país normal con un gobierno lógico, la Presidenta se pondría a disposición de la justicia y dejaría actuar a fiscales y jueces, mientras defiende su posición y su presunta inocencia. Incluso esa actitud mejoraría su imagen ante la sociedad. El problema es que su segundo mandato tiene una falla de origen. Como ganó con de 54% de los votos y una diferencia de más de 30 puntos sobre el segundo, Cristina pensó que podía hacer cualquier cosa. Hasta firmar un memorándum de entendimiento con el país cuyos funcionarios son los sospechosos de perpetrar el atentado más grave de la historia argentina. Y mezclarlo con un ataque frontal a los fiscales y los jueces federales para lograr impunidad y recortar sus funciones. Fue el maldito ‘Vamos por todo’ lo que está complicando cada día más. La loca fantasía de que su poder iba a ser absoluto y para siempre.

Publicado en el Cronista
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