Veintisiete años de democracia, veintitrés de peronismo bonaerense, diecinueve de gobiernos peronistas en el país.... hablemos de proyecto de pais y pobrezaLa crisis aguda desatada tras la toma del Parque Indoamericano corrió el velo que cubría dos situaciones crónicas –muy graves– que no formaban parte del discurso oficial ni ocupaban un rol central en el debate público. La primera, que se busca corregir parcialmente con la designación de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, es el regreso de la represión de la protesta social, con muertos incluidos. La segunda es que en la Argentina, luego de ocho años casi consecutivos de fortísimo crecimiento, en el mejor momento de finanzas estatales en décadas, con el mayor PBI de la historia, viven más personas en villas miserias que hace un lustro. Las tres fotografías juntas no dan una imagen precisamente alentadora del proceso que atraviesa el país: más villas, una policía que no se contiene y mata o deja matar, y todo eso en un contexto de mucha riqueza. La eterna discusión sobre si un gobierno es bueno o malo ofrece siempre –en todos los casos– espacio para quienes prefieren destacar la parte llena del vaso o para los que señalan siempre lo que falta (tiendo a creer, dicho sea de paso, que este es el rol del mejor periodismo). En cualquier caso, para cualquiera que vea la situación sin partidismos absurdos, hay allí varios déficits al mismo tiempo.
La designación de Garré como responsable política de la seguridad, en lugar del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, intenta resolver, de manera parcial, un serio problema que afecta al Gobierno desde que sus fuerzas o fuerzas en manos de aliados produjeron muertes por represión a la protesta social. Ese desafío no se le había presentado a este gobierno hasta que a mitad del año que termina la policía del gobierno radical K de Río Negro asesinó a dos jóvenes de un barrio humilde de Bariloche, que protestaban contra un caso de gatillo fácil. El gobierno nacional decidió entonces hacer como si el tema no existiera, para preservar la relación con sus aliados, y la mancha se fue extendiendo. El asesinato de Mariano Ferreyra contó luego con la evidente pasividad de la Policía Federal, defendida entonces a capa y espada por las principales figuras del Gobierno. Y semanas después –hace un mes exacto en el momento de escribir estas líneas– la policía conducida por otro aliado, esta vez del palo kirchnerista, el formoseño Gildo Insfrán, reprimió una protesta de la comunidad toba y provocó otra muerte inexplicable. Dos semanas después la Federal volvía a reprimir en el Indoamericano con el saldo de dos muertes evitables. Frente a este panorama cada vez más angustiante, la Presidenta resolvió actuar sobre su propia policía que, vale decir, es conducida por el gobierno nacional desde mayo del 2003: ya no se trata de una pesada herencia. No se sabe aún qué opina, en cambio, de la permanencia de José Pedraza al frente de la Unión Ferroviaria, ni de la represión en Río Negro. Sobre lo ocurrido en Formosa, en cambio, el punto de vista de la Presidenta es más claro: el gobierno nacional, pese al pedido de sectores aliados de centroizquierda o de organismos de derechos humanos, se negó sistemáticamente a recibir a una delegación de la comunidad toba. Al mismo tiempo Cristina compartió ya tres actos con el gobernador de Formosa, quien estuvo sentado en primera fila el martes, en Olivos, en el virtual lanzamiento de la campaña por la reelección.
Hubo, en medio de todo esto, un episodio que quedó en segundo plano, y cuyos riesgos corresponde señalar por la manera en que reproduce el modus operandi que terminó con la vida de Ferreyra. En este caso, se trató de una patota sindical que corrió a un grupo de trabajadores disidentes y contó con la protección y la pasividad de la policía. El viernes pasado, en Santa Cruz, ocurrió algo muy similar. La Central de Trabajadores Argentinos había convocado a una marcha para protestar contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Daniel Peralta. El propio mandatario alentó para que el mismo día a la misma hora se realizara una marcha de la ultraoficialista Unión Obrera de la Construcción. Toda la provincia estaba al tanto de lo que podía ocurrir. Y era fácil evitarlo porque a cincuenta metros del lugar había una comisaría. Sólo era cuestión de ordenar el tráfico. Pero la policía no intervino y la patota de la UOCRA corrió a palazos a los manifestantes de la CTA. Hubo cinco heridos y un detenido, que por supuesto pertenecía a los agredidos y no a los agresores. Unos días después, muy lejos de allí, en la Capital Federal, Cristina recibía con honores a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, y el sindicato movilizaba a su gente en las afueras de la Casa Rosada para vivar a Cristina y pedir la reelección.
En este contexto, la designación de Garré es un bálsamo, una apuesta coherente por la reforma seria de la fuerza policial que maneja el gobierno nacional. Pero no es una política lineal: en este tema, como en otros, el Gobierno se mueve en zigzag. Esas curvas son particularmente dolorosas en un área donde se han perdido vidas.
La crisis del Indoamericano obliga a pensar en otro déficit esta vez de naturaleza social. Durante uno de los discursos que dio luego de estallada la crisis, en José C. Paz, la Presidenta informó que el Gobierno dio en estos dos períodos “quinientas mil soluciones habitacionales”. Fuentes oficiales aclaran que se trata de algo más de 300 mil viviendas, lo que supera, en un contexto de muchísima mayor bonanza económica, ampliamente el promedio de viviendas sociales construidas en las dos décadas anteriores. Ese esfuerzo, sin embargo, no impidió que la población de las villas miseria creciera significativamente en el último lustro, como lo señalan todos los especialistas. Intendentes oficialistas, como Francisco “Barba” Gutiérrez, reclamaron en público que exista un mapa de tierras fiscales o improductivas y un programa agresivo de créditos blandos para que los trabajadores más humildes puedan pagar en cuotas su terreno y la construcción de su casa, como lo hicieron en las décadas del ’50 y ’60 cientos de miles de familias. Del reclamo de Gutiérrez se desprende que eso no existe al día de hoy. Pese al esfuerzo económico realizado, las viviendas sociales no han impedido que un problema social muy serio haya crecido en estos años. El gobierno nacional le lleva en esta área mucha ventaja al gobierno porteño que, directamente, no ha hecho nada o ha destruido lo poco que habían realizado sus antecesores. Pero es difícil imaginar en el país que relata el discurso oficial la convivencia entre dos situaciones tan contrastantes: el crecimiento exponencial del PBI y la riqueza y, por otro lado, el crecimiento de las villas.
Hace exactamente un año, apremiado por una derrota electoral y por el debate público sobre el tema –la prensa, la oposición, sectores de la Iglesia– el gobierno nacional puso en marcha la asignación universal por hijo, el primer plan social estructurado desde el 2003. Hasta entonces, el Gobierno negaba las cifras de pobreza. Finalmente, puso en marcha –aplaudido por todo el mundo– lo que se le reclamaba. La reforma de la Policía Federal también llegó luego de una crisis, que incluyó asesinatos y enfrentamientos evitables entre vecinos. Y quizás ahora, luego del estallido de las tomas, el Gobierno ponga en marcha un plan estratégico de distribución de tierras ociosas, créditos blandos y proponga una idea clara para reducir progresivamente la cantidad de habitantes en villas.
Es muy revelador que el peronismo, que gobierna desde 1983 en la mayoría de los distritos de la provincia, desde el ’87 en toda la provincia, desde el ’89 en todo el país –con la excepción de dos años de la Alianza–, no haya alertado antes sobre esta herida social. Veintisiete años de democracia, veintitrés de peronismo bonaerense, diecinueve de gobiernos peronistas en el país, ocho años de kirchnerismo, no alcanzaron para frenar el avance de las villas.
Sobre el tema, por supuesto, habrá conclusiones para todos los gustos.
Siempre las hay.
La designación de Garré como responsable política de la seguridad, en lugar del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, intenta resolver, de manera parcial, un serio problema que afecta al Gobierno desde que sus fuerzas o fuerzas en manos de aliados produjeron muertes por represión a la protesta social. Ese desafío no se le había presentado a este gobierno hasta que a mitad del año que termina la policía del gobierno radical K de Río Negro asesinó a dos jóvenes de un barrio humilde de Bariloche, que protestaban contra un caso de gatillo fácil. El gobierno nacional decidió entonces hacer como si el tema no existiera, para preservar la relación con sus aliados, y la mancha se fue extendiendo. El asesinato de Mariano Ferreyra contó luego con la evidente pasividad de la Policía Federal, defendida entonces a capa y espada por las principales figuras del Gobierno. Y semanas después –hace un mes exacto en el momento de escribir estas líneas– la policía conducida por otro aliado, esta vez del palo kirchnerista, el formoseño Gildo Insfrán, reprimió una protesta de la comunidad toba y provocó otra muerte inexplicable. Dos semanas después la Federal volvía a reprimir en el Indoamericano con el saldo de dos muertes evitables. Frente a este panorama cada vez más angustiante, la Presidenta resolvió actuar sobre su propia policía que, vale decir, es conducida por el gobierno nacional desde mayo del 2003: ya no se trata de una pesada herencia. No se sabe aún qué opina, en cambio, de la permanencia de José Pedraza al frente de la Unión Ferroviaria, ni de la represión en Río Negro. Sobre lo ocurrido en Formosa, en cambio, el punto de vista de la Presidenta es más claro: el gobierno nacional, pese al pedido de sectores aliados de centroizquierda o de organismos de derechos humanos, se negó sistemáticamente a recibir a una delegación de la comunidad toba. Al mismo tiempo Cristina compartió ya tres actos con el gobernador de Formosa, quien estuvo sentado en primera fila el martes, en Olivos, en el virtual lanzamiento de la campaña por la reelección.
Hubo, en medio de todo esto, un episodio que quedó en segundo plano, y cuyos riesgos corresponde señalar por la manera en que reproduce el modus operandi que terminó con la vida de Ferreyra. En este caso, se trató de una patota sindical que corrió a un grupo de trabajadores disidentes y contó con la protección y la pasividad de la policía. El viernes pasado, en Santa Cruz, ocurrió algo muy similar. La Central de Trabajadores Argentinos había convocado a una marcha para protestar contra la reforma previsional propuesta por el gobernador Daniel Peralta. El propio mandatario alentó para que el mismo día a la misma hora se realizara una marcha de la ultraoficialista Unión Obrera de la Construcción. Toda la provincia estaba al tanto de lo que podía ocurrir. Y era fácil evitarlo porque a cincuenta metros del lugar había una comisaría. Sólo era cuestión de ordenar el tráfico. Pero la policía no intervino y la patota de la UOCRA corrió a palazos a los manifestantes de la CTA. Hubo cinco heridos y un detenido, que por supuesto pertenecía a los agredidos y no a los agresores. Unos días después, muy lejos de allí, en la Capital Federal, Cristina recibía con honores a Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, y el sindicato movilizaba a su gente en las afueras de la Casa Rosada para vivar a Cristina y pedir la reelección.
En este contexto, la designación de Garré es un bálsamo, una apuesta coherente por la reforma seria de la fuerza policial que maneja el gobierno nacional. Pero no es una política lineal: en este tema, como en otros, el Gobierno se mueve en zigzag. Esas curvas son particularmente dolorosas en un área donde se han perdido vidas.
La crisis del Indoamericano obliga a pensar en otro déficit esta vez de naturaleza social. Durante uno de los discursos que dio luego de estallada la crisis, en José C. Paz, la Presidenta informó que el Gobierno dio en estos dos períodos “quinientas mil soluciones habitacionales”. Fuentes oficiales aclaran que se trata de algo más de 300 mil viviendas, lo que supera, en un contexto de muchísima mayor bonanza económica, ampliamente el promedio de viviendas sociales construidas en las dos décadas anteriores. Ese esfuerzo, sin embargo, no impidió que la población de las villas miseria creciera significativamente en el último lustro, como lo señalan todos los especialistas. Intendentes oficialistas, como Francisco “Barba” Gutiérrez, reclamaron en público que exista un mapa de tierras fiscales o improductivas y un programa agresivo de créditos blandos para que los trabajadores más humildes puedan pagar en cuotas su terreno y la construcción de su casa, como lo hicieron en las décadas del ’50 y ’60 cientos de miles de familias. Del reclamo de Gutiérrez se desprende que eso no existe al día de hoy. Pese al esfuerzo económico realizado, las viviendas sociales no han impedido que un problema social muy serio haya crecido en estos años. El gobierno nacional le lleva en esta área mucha ventaja al gobierno porteño que, directamente, no ha hecho nada o ha destruido lo poco que habían realizado sus antecesores. Pero es difícil imaginar en el país que relata el discurso oficial la convivencia entre dos situaciones tan contrastantes: el crecimiento exponencial del PBI y la riqueza y, por otro lado, el crecimiento de las villas.
Hace exactamente un año, apremiado por una derrota electoral y por el debate público sobre el tema –la prensa, la oposición, sectores de la Iglesia– el gobierno nacional puso en marcha la asignación universal por hijo, el primer plan social estructurado desde el 2003. Hasta entonces, el Gobierno negaba las cifras de pobreza. Finalmente, puso en marcha –aplaudido por todo el mundo– lo que se le reclamaba. La reforma de la Policía Federal también llegó luego de una crisis, que incluyó asesinatos y enfrentamientos evitables entre vecinos. Y quizás ahora, luego del estallido de las tomas, el Gobierno ponga en marcha un plan estratégico de distribución de tierras ociosas, créditos blandos y proponga una idea clara para reducir progresivamente la cantidad de habitantes en villas.
Es muy revelador que el peronismo, que gobierna desde 1983 en la mayoría de los distritos de la provincia, desde el ’87 en toda la provincia, desde el ’89 en todo el país –con la excepción de dos años de la Alianza–, no haya alertado antes sobre esta herida social. Veintisiete años de democracia, veintitrés de peronismo bonaerense, diecinueve de gobiernos peronistas en el país, ocho años de kirchnerismo, no alcanzaron para frenar el avance de las villas.
Sobre el tema, por supuesto, habrá conclusiones para todos los gustos.
Siempre las hay.
