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La caja del Inadi, un destino militante en el que reinaban el abuso de poder y el laboral
En la novela del ente antidiscriminador no hay puros ni buenos. Ni Claudio Morgado ni María Rachid se privaron de emplear a amigos y gastar fondos estatales sin rendir cuentas.
Antes de romper. Sólo la Ley de Matrimonio Igualitario reunió a Rachid y Morgado.
Cuando a las 12.15 del jueves 9 de junio el principal Héctor José Lusarreta, oficial a cargo de la Oficina de Judiciales de la Comisaría 2ª, llegó al primer piso de Moreno 750, se encontró con el comienzo de una batalla campal. Casi de inmediato, vio dos caras conocidas: de algún lado le sonaba el rostro de aquella señora rubia, voluminosa, de pelo desgreñado, que ahora gritaba desencajada contra el señor de estatura mediana y barba candado que sí, recordó de inmediato Lusarreta, había visto alguna vez en programas infantiles de la tele. Pero la escena actual estaba fuera del horario de protección al menor. Alrededor de la rubia y el animador forcejeaban una decena de personas, claramente divididas en dos bandos: unos aferrados a pilas de carpetas, otros levantando la voz y pidiendo por sus derechos. Lusarreta intentó, en vano, que mantuvieran la calma, y todos terminaron en la comisaría. Desde entonces, los teléfonos no pararon de sonar y la batalla del Inadi llegó a las primeras planas. Para el Gobierno, el resultado no podía ser peor: al escándalo Schoklender, que aún hoy sigue bifurcándose en caminos insondables, se le sumaba otra pelea en el mismo campo: los derechos humanos, a pocas semanas de las elecciones. El Ejecutivo reaccionó como si se tratara de una gresca de dos niños en el recreo: mandó a ambos a la dirección. María Rachid renunció a la vicepresidencia; Claudio Morgado fue removido de su cargo como titular, y el organismo fue intervenido. Después llegó el tiempo de pasar facturas: fue Aníbal Fernández quien acercó a Rachid, pero un día dejaron de enviarse mensajitos de texto y fue el mismo Aníbal quien le pidió que se alejara. Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, pudo finalmente, en el río revuelto, imponer a su propio candidato como interventor: Pedro Mouratian. En algún lugar de la Ciudad, Filmus miraba el escándalo por la televisión, espantado: Rachid ocupa el cuarto lugar de la lista 604 como legisladora; ya no pueden echarla y no parece dispuesta a renunciar. ¿Qué hacer con ella? Rachid, militante al fin, no había querido patear del todo el tablero: fue a hacer catarsis sobre los ilícitos a un canal semioficial, CN23, pero después el vértigo de sus revelaciones se descontroló. Lo que sigue es la historia de un organismo del Estado que, en cinco años, elevó sus empleados de 35 a 530, sus gastos de $ 2 millones a casi $ 50 millones y que se transformó en un coto de caza: un desván donde guardar militantes rentados, empleados fantasma y gastos sin control.
El denunciador denunciado
María Rachid sufre un colapso de modernidad: comunicó por Twitter que no había recibido la citación del juzgado y que por eso pensaba declarar por escrito (aunque con algo más de 140 caracteres). El faltazo de Rachid desató la ira del juez federal Ariel Lijo, con quien mantuvo una dura comunicación telefónica en la mañana del viernes. Lijo la conminó a presentarse, personalmente, esta semana, con las pruebas que avalen sus denuncias televisivas. Por ahora, el expediente que tramita en el Juzgado Federal Nº 4 contiene unas pocas páginas con la denuncia policial y el descargo de Morgado, que pide ser tenido en cuenta como querellante. En versión de Rachid ante la Policía, el conflicto comenzó cuando “una persona allí presente había sido ilegalmente designada para ocupar un cargo y pretendía hacerlo, siendo que la designación había sido dictada por el presidente del Inadi y éste no tenía facultades para hacerlo”. Rachid se ampara en el acta de una reunión del directorio del Inadi (ver reproducción del acta original en estas páginas) de la que Morgado se retiró indignado. El funcionario que no asumió es Ricardo Luis Siri, domiciliado en Río Gallegos, que fue nombrado por Morgado como asesor general con funciones equivalentes a un jefe de Gabinete de una Subsecretaría de Estado. Siri es una especie de héroe nacional: iba a ocupar su cargo ad honórem. En la versión de Morgado, la historia se parece a Casa Tomada, aquel cuento de Julio Cortázar: él llegó al Inadi para poner en funciones a los nuevos asesores y se encontró con que “la señora María Rachid empezó a ocupar con su gente distintas áreas, principalmente el SUM, ubicado al lado de su despacho presidencial. La citada funcionaria comenzó a prepotear a la gente convocada por el dicente, inclusive tomándole el brazo en forma intempestiva y zarandeándola a la señora Mónica Litman (...) y se introdujo en la oficina Legal y Técnica amenazando al abogado Agustín Vulliez (...) Después trabó la puerta, no permitiendo el ingreso ni el egreso y gritando que a ella la avalaba el directorio”. Según declaró en la Comisaría 2ª el propio Siri, Rachid les gritaba: “De acá van a salir presos!” mientras mantenía la puerta cerrada. Siri denunció a Rachid por “privación ilegítima de la libertad”.
Las pocas personas que pudieron ver Haciendo foco, conducido por Rodo Herrera en Szpolski TV, fueron suficientes: allí María Rachid, inesperadamente, prendió el ventilador. Es cierto que lo hacía en un canal semipúblico y citando todo el tiempo a Néstor (“Yo no dejé mis ideales en la puerta del Inadi”, dijo), pero las palabras, se sabe, se rebelan muchas veces contra las intenciones de quienes las pronuncian. “Me encontré con un organismo paralizado, destruido en muchos sentidos y, además, teniendo que avalar cosas que no estaba dispuesta a avalar.” “Se me pedía –dijo Rachid, acompañada por unos veinte funcionarios del Inadi en el mínimo estudio– que certificara servicios de un montón de personas que no venían a trabajar y que en realidad yo no conocía. (...) Yo estuve sólo cinco meses. Al poco tiempo de asumir dimos de baja 45 contratos de personas que no encontrábamos.” Rachid abundó luego en los datos de color: el Inadi pagaba el celular de la esposa de Morgado y éste pretendía que, también, se le pagaran diariamente los almuerzos y las cenas. Finalmente agregó: “Había contratos de gente que tenía dependencia de tiempo completo en otros organismos del Estado, como el Senado, por ejemplo. Gente que asesoraba a legisladores y al Inadi en el mismo horario, cobrando salarios superiores a los cinco mil pesos”. Después recordó que ella misma es candidata a legisladora por la Ciudad en la lista de Filmus. No aclaró, en su caso, qué pasaría si saliera electa: ¿seguiría siendo vicepresidenta del Inadi y legisladora a la vez? Herrera, fascinado por la primicia, ni le preguntó.
El agujerito sin fin
El agujerito sin fin
El Inadi comenzó a funcionar en 2006, presidido por Enrique Oteiza; tenía entonces $ 1,9 millones de presupuesto y 35 empleados. Entre 2006 y 2009 estuvo a cargo de María José Lubertino. A fines de ese año, tenía 330 empleados y $ 19,7 millones de presupuesto. En 2010, con Morgado, se le aprobó un presupuesto de $ 24 millones y se gastaron $ 38 millones. Este año ya suma $ 48 millones de presupuesto y 530 empleados. El Inadi se expande en tres edificios: Moreno al 700, Diagonal Norte al 800 y 25 de Mayo al 100, donde funciona un call center que recibe denuncias por discriminación.
“Rachid nombró a más de cincuenta personas con sueldos entre $ 4 mil y $ 6 mil”, contraataca Morgado en diálogo con PERFIL. “Hacía llorar a todos y tiene 14 denuncias por malos tratos, incluido del líder de los sordos en la Argentina.”
Entre el 15 de febrero y el 15 de abril, Rachid llevó al organismo cuarenta empleados (ver detalle de personas, cargos y salarios en estas páginas), ocho de ellos de limpieza. El monto total de los contratos es de $ 166.700, con sueldos que –en el caso de los empleados de mantenimiento– oscilan los $ 3 mil y llegan hasta los $ 6 mil. En la nómina figuran Alejandro “Pitu” Salvatierra, el dirigente social de la Villa 15 que lideró la toma del Parque Indoamericano y militante de la corriente de Daniel Filmus, y la hermana de María, Mercedes Eugenia Rachid, quien ingresó el 1º de marzo con un salario de 4.200 pesos. En marzo de 2011, un solo convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA había llevado al Inadi a 290 contratados, a un costo de 1.248.870 pesos. Otros sesenta empleados aterrizaron allí por convenio con la Universidad de Tres de Febrero, con el objetivo de “producir contenidos para la TV digital”, un viejo sueño de Morgado que no llegó a ponerse en marcha: el Inadi TV. Para “la vuelta de El agujerito...”, De Vido les transfirió $ 5 millones, pero sólo llegaron a ejecutarse dos: se grabó un programa de humor con Pedro Saborido, otro con Marta Dillon y Albertina Carri y un tercero conducido por Cumbio, inspirado en la Escuela de Propaganda Goebbels-Gvirtz: una especie de TVR, pero orientado a la discriminación y las políticas del Gobierno.
Plin, caja
Plin, caja
El informe 2/2011, cierre del Ejercicio 2010 de Auditoria Interna del Inadi, está firmado por la auditora Patricia H. Lapasta el 28 de febrero del año en curso. En él se mencionan:
—Rendiciones deficientes de anticipos de fondos: “Se advierten anticipos de fondos de los que, una vez rendidos, surgen remanentes de saldos de los que no existe registro alguno de devolución”.
—Diferencias en el rubro “Vales sin rendir”. Suman $ 87.207, 92, saldo que incluye $ 30 mil de cajas chicas sin rendir.
—Inventario: “No se exhibió el inventario patrimonial de bienes”.
—“Existen contrataciones no registradas y el registro de órdenes de compra está sin actualizar.”
Alex Freyre, director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires Sida, avaló en diálogo con PERFIL la acusación de “malos tratos” de Morgado a Rachid: “Eso nos llevó a hacer una impasse en la relación con el Inadi. Ahora volveremos a colaborar”, dijo. Freyre avaló a la vez la denuncia de Verónica Russo, una activista de La Matanza que envió una queja a la presidenta Kirchner. El programa TGD TEA-Inadi, que nuclea a padres de hijos con autismo, envió también una carta a Cristina acusando a Rachid de “actos de intimidación, violencia y discriminación”, al igual que la presidenta de la Confederación Argentina de Sordomudos. Paradójicamente, el director del Departamento de Políticas contra la Discriminación, Emiliano Ramírez, es el protagonista de la mayoría de las denuncias por maltrato. Ramírez llegó al Inadi de la mano de Martín Sabbatella, y es el referente de Nuevo Encuentro en Avellaneda. Rachid lo nombró como director. Desde la casilla de correo electrónico politicas@inadi.gov.ar, Ramírez envió un mail interno donde instaba a los empleados del organismo a asistir obligatoriamente a actos políticos bajo la cobertura de “capacitación”, aclarando que, en caso de no concurrir, “se descontará de sus haberes”.
Alicia Ohnoutek, delegada de la Junta de ATE en el Inadi, también se sintió discriminada por el organismo. “En noviembre de 2010 –relató a PERFIL–, mediante la Ley de Información Pública, le hicimos varios pedidos a Morgado: que informe con qué universidades tenía convenios, cuánta gente faltaba pasar a planta y cuántas vacantes quedaban, dónde trabajan, fechas e ingreso de todo el personal. Pero Morgado nunca contestó. Según su propia gente, ni él tenía esa información. En abril fuimos a ver a Rachid, pero ni siquiera intentó averiguar nada.” “Morgado negaba que tuviera contrataciones –sigue Ohnoutek– y había sesenta contratos con la Universidad de Tres de Febrero. Pero ni los legajos deben estar en el Inadi. No se sabe quiénes son. Y hace veinte días descubrimos la productora de Palermo, donde se hacen los contenidos. El ministro Alak lo sabe perfectamente. Se lo denunciamos como junta interna. Tampoco lo desconoce Aníbal
Fernández.”
—Rendiciones deficientes de anticipos de fondos: “Se advierten anticipos de fondos de los que, una vez rendidos, surgen remanentes de saldos de los que no existe registro alguno de devolución”.
—Diferencias en el rubro “Vales sin rendir”. Suman $ 87.207, 92, saldo que incluye $ 30 mil de cajas chicas sin rendir.
—Inventario: “No se exhibió el inventario patrimonial de bienes”.
—“Existen contrataciones no registradas y el registro de órdenes de compra está sin actualizar.”
Alex Freyre, director ejecutivo de la Fundación Buenos Aires Sida, avaló en diálogo con PERFIL la acusación de “malos tratos” de Morgado a Rachid: “Eso nos llevó a hacer una impasse en la relación con el Inadi. Ahora volveremos a colaborar”, dijo. Freyre avaló a la vez la denuncia de Verónica Russo, una activista de La Matanza que envió una queja a la presidenta Kirchner. El programa TGD TEA-Inadi, que nuclea a padres de hijos con autismo, envió también una carta a Cristina acusando a Rachid de “actos de intimidación, violencia y discriminación”, al igual que la presidenta de la Confederación Argentina de Sordomudos. Paradójicamente, el director del Departamento de Políticas contra la Discriminación, Emiliano Ramírez, es el protagonista de la mayoría de las denuncias por maltrato. Ramírez llegó al Inadi de la mano de Martín Sabbatella, y es el referente de Nuevo Encuentro en Avellaneda. Rachid lo nombró como director. Desde la casilla de correo electrónico politicas@inadi.gov.ar, Ramírez envió un mail interno donde instaba a los empleados del organismo a asistir obligatoriamente a actos políticos bajo la cobertura de “capacitación”, aclarando que, en caso de no concurrir, “se descontará de sus haberes”.
Alicia Ohnoutek, delegada de la Junta de ATE en el Inadi, también se sintió discriminada por el organismo. “En noviembre de 2010 –relató a PERFIL–, mediante la Ley de Información Pública, le hicimos varios pedidos a Morgado: que informe con qué universidades tenía convenios, cuánta gente faltaba pasar a planta y cuántas vacantes quedaban, dónde trabajan, fechas e ingreso de todo el personal. Pero Morgado nunca contestó. Según su propia gente, ni él tenía esa información. En abril fuimos a ver a Rachid, pero ni siquiera intentó averiguar nada.” “Morgado negaba que tuviera contrataciones –sigue Ohnoutek– y había sesenta contratos con la Universidad de Tres de Febrero. Pero ni los legajos deben estar en el Inadi. No se sabe quiénes son. Y hace veinte días descubrimos la productora de Palermo, donde se hacen los contenidos. El ministro Alak lo sabe perfectamente. Se lo denunciamos como junta interna. Tampoco lo desconoce Aníbal
Fernández.”
Investigación: J.L./Ezequiel Spillman.
