Excelente explicación no solo del desastre económico de esta década perdida... también de su desastre moral.
Por Nicolás Dujovne
Présteme atención cinco minutos. El experimento es muy corto, sólo consiste en una pregunta. ¿Qué contestaría usted si cuando naciera un hijo suyo le dieran la posibilidad de elegir si éste en su vida adulta será una persona a) Embargable o b) Inembargable? Es decir, si en su DNI, además del nombre que usted le ha elegido con todo su amor y a veces demasiada imaginación, llevara impreso con letras de molde: Juan Pérez, Embargable. O alternativamente Juan Pérez, inembargable. Si usted ha elegido la respuesta b) Inembargable, ha contestado como el 95% de las personas. Usando el sentido común.
Si esto no fuera un mero ejercicio intelectual y ocurriese en la vida real, lo lamentaría por su hijo. A menos que usted sea rico o muy generoso, su descendiente probablemente debería alquilar una vivienda durante toda su vida ya que nadie le daría un préstamo hipotecario que le permitiera convertirse en propietario. Probablemente también se le complicaría conseguir un crédito para comprar un auto o iniciar un negocio. Si su hijo no puede ser embargado: ¿como podrían asegurarse sus acreedores que recuperarán su dinero?
En el año 2007, la Argentina decidió comenzar a falsificar sus cifras de inflación con el fin de licuar la deuda que ajustaba por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitida solo dos años antes por ese mismo gobierno. El sentido común le indicaba al entonces presidente Néstor Kirchner y a su secretario Guillermo Moreno que si la Argentina licuaba su deuda se liberarían recursos para gastar en otros ítems de mayor rendimiento electoral. El sentido común primó sobre la técnica y sobre el imperio de la ley. Y a partir de allí, emitir deuda para la Argentina comenzó a ser muy costoso. Si a fines de 2006 la deuda argentina rendía en el mercado lo mismo que la brasileña, a partir de esa decisión comenzó un divorcio que llevó al costo de la deuda de nuestro país hacia niveles siderales. Nació así el desendeudamiento, el eufemismo oficial para denominar a la criatura inembargable que acababa de nacer. Un país que decidió prescindir del acceso al crédito y que hizo un culto político de ello.
La Argentina es un ejemplo muy concreto de que el sentido común a veces falla. Por eso, a veces los presidentes de otros países designan ministros de Economía, consultan a los técnicos, realizan reuniones de gabinete. Inclusive hay quienes hasta consideran los méritos profesionales o académicos a la hora de designar a sus colaboradores. Todas esas cuestiones, muy tediosas, sólo prueban su utilidad cuando el paso del tiempo desnuda las inconsistencias previas, o cuando las condiciones externas se vuelven menos favorables.
Los costos de la falta de acceso al crédito los podemos medir hoy no sólo en la calidad de la infraestructura pública y en el tamaño de la inversión del sector privado. La inflación cercana a 25% anual se parece ya demasiado al cociente de 27% que surge de dividir el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro, de $ 80.000 millones en 2013, y la base monetaria de $ 300.000 millones. No es tan grande el déficit: el problema es la monetización completa del mismo en un contexto en el que el cepo cambiario ha generado un aumento exorbitante de la cantidad de pesos que hoy circulan en la economía.
Desmontar esa condición de recelo entre el mercado de crédito externo y la Argentina va a resultar fundamental para que el país pueda crecer de manera sostenida en la próxima década. Haga lo que se haga, el daño generado por la desastrosa política energética implementada desde 2003 determinará que las importaciones de energía crecerán sin parar durante por lo menos los próximos cinco años, quizá diez, hasta que se desarrollen los yacimientos de petróleo y gas no convencional. Mientras tanto, las importaciones de energía que sumaban US$ 500 millones en 2003 han trepado hasta US$ 12.000 millones en 2013 y llegarán a más de US$ 20.000 millones tan pronto como en 2016.
Sin crédito e inversión externa, la Argentina necesitaría derrumbar el nivel de actividad para así disminuir las importaciones no energéticas, o bien generar una devaluación de la moneda que reduzca los salarios en dólares hasta niveles lo suficientemente bajos como para producir un boom exportador a costa del consumo local. El crédito que financie la transición hasta recuperar el autoabastecimiento energético y el reequipamiento en la infraestructura pública y privada parecería ser una opción menos brutal, aunque vedada por ahora por los padres del modelo, quienes al inscribirlo y obtener su DNI eligieron que fuera inembargable
