El costo invisible del modelo



En doce provincias existen hoy conflictos por la explotación de las riquezas del subsuelo común, un creciente activismo ambiental que denuncia la ausencia de una política estratégica por parte del Gobierno y muestra los desajustes conocidos del Estado argentino

Jujuy, Salta, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz: en 12 provincias del país existen hoy al menos 47 puntos de conflicto por los recursos naturales, en la forma de resistencia contra proyectos mineros, municipios ambientalistas que prohíben el fracking para extraer petróleo, marchas contra la instalación de represas hidroeléctricas o acampes que rechazan la instalación de productoras de semillas transgénicas.
Montada sobre el redituable boom de las commodities, la década kirchnerista incubó una contracara que no pudo resolver y que quedará como herencia para el próximo gobierno: la ausencia de políticas estratégicas para la riqueza del subsuelo argentino, que un creciente e invisibilizado activismo ambiental pone en agenda en forma cíclica.
Con políticas públicas que les dieron la espalda a los reclamos de las comunidades sobre el medio ambiente, la megaminería, primero, y el fracking a partir del redescubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, después, marcan el choque de nociones antagónicas sobre el desarrollo y hacen visible un tema incómodo para Cristina Kirchner y los gobernadores de todo el país. Un tema que la reactivación del conflicto con Uruguay alrededor de la pastera UPM (ex Botnia) vuelve a actualizar, y en el que se escenifican desajustes clásicos del Estado argentino: provincias que aprueban medidas que otras prohíben, tribunales que fallan con criterios disímiles en distintos territorios, leyes vigentes pero incumplidas.

El yacimiento de Vaca Muerta –30.000 kilómetros cuadrados que atraviesan cuatro provincias (Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa)–, redescubierto en 2010, cuando Repsol anunció que había comprobado la existencia de petróleo, no sólo dio paso a la expropiación parcial de YPF. Además, abrió una nueva etapa en la explotación de los hidrocarburos no convencionales ( shale gas o tight gas). El decreto 929, que la Presidenta firmó para allanar el camino de Chevron Corporation –al otorgar garantías y libre disponibilidad de divisas para las inversiones que superen los 1000 millones de dólares–, inauguró un ciclo de luchas en torno al petróleo que se suma a la resistencia que genera la minería contaminante. Según el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Argentina es ahora mismo uno de los cuatro países del subcontinente que más focos mineros de tensión exhiben (26), apenas superado por Perú, Chile y México.
En agosto pasado, la represión en Neuquén a los manifestantes que se oponían al acuerdo de YPF con la multinacional norteamericana para explotar un área de 395 kilómetros, en Loma Campana, fue un debut amargo para la gestión de Miguel Galuccio. Su antecedente estuvo a principios de año, en Cinco Saltos, un municipio de Río Negro que fue el primero de los 21 que ya prohibieron el fracking.
“El Gobierno sólo piensa en solucionar la crisis energética y minimiza la cuestión ambiental. Pero ellos mismos hablaron de 600 casos de pasivos ambientales que dejó la gestión de Repsol”, dice Beatriz Kreitman, diputada provincial de la Coalición Cívica en Neuquén, que rechazó el acuerdo aprobado en agosto por el MPN y sus aliados.
El fracking es una técnica de extracción de petróleo y gas que consiste en inyectar grandes cantidades de agua y aditivos químicos en la roca para fracturarla. Está prohibido en Francia, Bulgaria y en estados de Canadá, Australia, Suiza y Estados Unidos. Sin embargo, aquí cuenta con el impulso del Gobierno y de las grandes empresas, que se expresaron recientemente con una solicitada entusiasta del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). El IAPG habla de un nuevo horizonte energético con creación de empleo y sin riesgos de ningún tipo. Sostiene que no hay peligro de contaminación porque las napas de agua dulce de los acuíferos están a 300 metros de profundidad y la roca madre que es perforada está a por lo menos dos kilómetros más de profundidad. Todo lo contrario afirman sus detractores.
Sin proyecto
“El kirchnerismo no tiene proyecto estratégico de desarrollo; sólo un extractivismo desenfrenado, dependiente y depredatorio, orientado a la exportación a gran escala de commodities, cuyas consecuencias sociales, ambientales y políticas son minimizadas o invisibilizadas”, dice la socióloga Maristella Svampa,
editora del libro Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resis
tencias sociales. Svampa recorrió el país en los últimos años en diálogo con las asambleas autoconvocadas que se extienden de Sur a Norte y considera que expresan una crítica a la idea dominante de “desarrollo” que comparten gobiernos y empresas. “Los resultados están a la vista: conflictos por la tierra y el agua, desplazamientos de poblaciones, promesas incumplidas de empleo, destrucción del ambiente y los territorios, aumento de las desigualdades, problemas de salud”, enumera.
El inicio del ciclo puede situarse con dos hechos: el diferendo con Uruguay por las pasteras, hoy reactivado, y el plebiscito en Esquel en 2003, cuando el 81% de la población optó por el “No a la minería”.
Para Raúl Estrada Oyuela, ex funcionario de Cancillería que intercedió en el caso Botnia –y miembro de la Academia de Ciencias del Ambiente–, la Argentina “no tiene política de recursos naturales”. Sostiene que aunque el dominio de los recursos naturales haya pasado a las provincias con la reforma constitucional de 1994, la soberanía sigue siendo de la Nación. A su criterio, el Estado no puede renunciar a extraer los minerales ni estar siquiera en contra del negocio. “Pero –aclara– hacerlo sin dañar el ambiente implica una minería más cara. Y las La ausencia de estrategia sobre los recursos naturales es transversal a las ideologías políticas empresas buscan que el negocio sea más rentable bajando el costo de extracción.”
Ex director de Asuntos Medioambientales durante la gestión de Rafael Bielsa, Estrada cuestiona además la campaña de productores de gas y de petróleo y sostiene que el fracking no genera ni tan poco riesgo como se dice ni tanta riqueza como se espera. Menciona las advertencias de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense sobre la contaminación de acuíferos.
El ingeniero en petróleo y doctor en ciencias geológicas Gualter Chebli coincide con el planteo del IAPG, aunque no es tan optimista. Chebli pone en duda el dato fundamental de la nueva era: el informe de la Agencia Energética de los Estados Unidos (EIA) que ubica a la Argentina como el tercer país del mundo con mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. “Es indemostrable. Se toma en cuenta el potencial de la cuenca chaco-paranaense, pero en ninguno de los 45 pozos que fueron perforados allí se halló siquiera un metro de roca generadora”, dice. Ex director de explotación de YPF, hoy se dedica a asesorar a las provincias petroleras desde la consultora Phoenix Oil & Gas. “Lo que hay son buenas intenciones. El recurso está. Pero hay que ver la factibilidad: a qué precio y con qué técnica se lo extrae para convertirlo en reservas”, agrega.
“Neuquén es una provincia muy agredida por los hidrocarburos y la falta de controles, ya desde la época de la YPF estatal. Pero en aquel momento se desconocía el daño ambiental y no había legislación que protegiera el medio ambiente. Hoy, es inconcebible que no se tomen medidas”, dice la diputada Kreitman. El último caso fue el del yacimiento Chihuido de la Sierra Negra, en agosto pasado, cuando a YPF se le derramaron 70.000 litros de crudo en la zona de Rincón de los Sauces.
El impacto de la actividad hidrocarburífera sobre las comunidades que habitan en la zona conocida como norpatagonia es narrado con detalle en un libro del Observatorio Petrolero Sur, Zonas de sacrificio. Para el periodista Hernán Scandizzo, uno de sus autores, el fracking es la peor opción: “Se relaciona a nivel global con la baja en la producción de los yacimientos convencionales de petróleo, así como la megaminería surge tras el agotamiento de los minerales en veta. Profundiza una matriz energética con impactos ambientales en el agua y en el aire, en lugar de apostar a una transición energética más limpia”, explica.
Después del acuerdo aprobado en Neuquén, el gobernador Jorge Sapag anunció que enviará dos proyectos a la Legislatura: uno para reglamentar los hidrocarburos no convencionales y otro para reformar la ley de medio ambiente provincial. Su primo hermano, Luis Sapag, es uno de los mayores defensores de la fractura hidráulica: asegura que no hay pruebas de que contamine, se queja del “ultra ambientalismo” y anuncia la llegada de inversores rusos, hindúes y chinos. Sin embargo, afirma que en la nueva legislación habrá zonas de exclusión: las comunidades mapuches, las áreas paisajísticas y las reservas naturales.
“Las provincias dicen que van a garantizar los controles cuando son las principales lobbistas de los no convencionales. ¿Quién lo garantiza?”, responde Scandizzo. Y recuerda el caso más emblemático de contaminación: Añelo, en Loma de la Lata, donde los peritos de la Corte Suprema corroboraron medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en sangre de los habitantes del lugar.
Hijo del ex gobernador Felipe Sapag y presidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, Sapag está convencido de que su provincia salvará a la Argentina del déficit energético y se jacta de ser parte del gobierno que introdujo el fracking en el país. “Neuquén lleva ya seis años con fractura múltiple. Hicimos 300 pozos”, apunta. La compañía norteamericana Apache hizo el primer pozo de América latina con fractura hidráulica en Anticlinal Campamento, a 40 kilómetros de Zapala.
La otra transversalidad
“El abuso de los recursos naturales es transversal. Es injusto circunscribirlo al kirchnerismo. El ejemplo más claro es Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Gobernaron el radicalismo, los radicales K y el Frente para la Victoria”, afirma el fiscal general ante la Cámara Federal en Tucumán, Gustavo Gómez, especialista en delitos ambientales, que impulsó el juicio y la condena contra Julián Ronney, uno de los directivos de la minera por las filtraciones del mineraloducto que conecta Tucumán con Catamarca.
El radicalismo está dividido. Cuenta con promotores fervorosos de la megaminería, como Mario Capello, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas. Y con diputados como Julio Martínez de La Rioja, que apoya la lucha ambientalista de Famatina y reclama por presupuesto para el Ianiglia, organismo que hace tres años debería haber terminado el inventario de glaciares que ordenaba la ley aprobada en 2010, tras el veto presidencial.
En septiembre, el senador Ernesto Sanz presentó un proyecto para regular la fractura hidráulica. Fue después de que 21 municipios de todo el país sancionaran ordenanzas que la prohíben: 12 en Entre Ríos, cuatro en Mendoza –su provincia–, tres en Buenos Aires y dos en el Alto Valle de Río Negro. “Lo peor es que pase el tiempo sin regulación. Hacen falta presupuestos mínimos ambientales, como lo fija el artículo 41 de la Constitución. Hoy, Entre Ríos prohíbe el fracking y, en el otro extremo, Neuquén lo aprueba a libro cerrado. Los municipios de Mendoza tienen derecho a prohibirlo, pero su jurisdicción se limita al ejido urbano. La provincia decide”, dice.
La fractura hidráulica y la megaminería avanzan, en la mayoría de los casos, sin “licencia social”. Quienes se oponen denuncian que no se cumple la legislación: el artículo 41 de la Constitución, que establece que la Nación debe fijar los presupuestos mínimos de protección; el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, convertido en ley nacional 24.071, y la ley general del ambiente de 2002, que ordenan la realización de estudios de impacto ambiental y consultas públicas. Más grave todavía es el incumplimiento de la ley de bosques y la segunda ley de glaciares, que no se aplican.
Si ante proyectos que unifican al Estado y las empresas sólo surge el rechazo de las comunidades afectadas –que se ven invadidas en su propio territorio–, el papel de los tribunales está en discusión.
“La Justicia actúa casi siempre en consonancia con empresas y gobiernos. El ejemplo más reciente es Chevron, donde la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la Corte Suprema le revocaron los embargos por contaminación en Ecuador en atención a los “intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico”, recuerda el fiscal Gómez, y asegura que el máximo tribunal no limita el avance de los proyectos contaminantes. Cita el reclamo de los tilcareños por una mina de uranio que se quiere instalar en Jujuy y el de los wichis, que tratan de defender su hábitat en las yungas salteñas del avance de la soja. “La Corte hizo audiencias, pero después declaró su incompetencia enviando los casos a la justicia provincial, de dudosa independencia”, afirma.
Las excepciones pueden ser el procesamiento de Rooney, de 2008, o la condena del año pasado por los daños que la fumigación con agrotóxicos causó en el barrio Ituzaingó de Córdoba. “Detrás de esos fallos, hubo siempre una sociedad víctima y querellante”, afirma Gómez.
Diez años después de la llegada del kirchnerismo al poder, el mapa de los conflictos por los recursos naturales atraviesa a la Argentina. Con diferencias entre sí pero con objetivos similares, las luchas ambientalistas surgieron en el interior del país en 2003 y no pararon de crecer. Sus protagonistas se comparan en algunos casos con los desocupados que, en la década del 90, inauguraron el método de cortar rutas en demanda de trabajo. Si ellos querían ingresar en el sistema, los de hoy quieren impedir que el rostro avasallante del desarrollo avance sobre sus territorios. Y sostienen que lo que está en juego es la vida misma.

  • 6 oct 2013
  • La Nación
  • Diego Genoud PARA LA NACION

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